Veta Enrique Peña Ley “3 de 3” y la regresa al Congreso para corrección

2016 06 23 Peña en contra de la ley 3 de 3

Ciudad de Méx. 23 de Junio.- El presidente de la República vetó este día parte de los artículos de la llamada ley 3 de 3 por afectar considerablemente la vida privada de quienes prestan servicios a los diversos niveles de gobierno y convocó al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones para hacer las correcciones pertinentes con el objetivo de no retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante una conferencia de prensa dada por el Consejero Jurídico de la presidencia,Humberto Castillejos Cervantes, acompañado por el Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández dijeron que la decisión del presidente se hace “con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del sistema nacional y que esta medida resulta contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución”.

Por lo tanto, sostuvieron “El Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al Senado de la República para su análisis el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 relacionados”.

Estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales. Lo que representa dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio. Además, señala que todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas declaraciones.

El Gobierno de la República, dijeron, ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el sistema nacional anticorrupción ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones; también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos.

Lo más importante afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del Programa Prospera o los becarios del CONACYT, entre otros.

Con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del sistema nacional y que esta medida resulta contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución, al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso extranjeros que no viven en el país, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el sistema nacional anticorrupción.

“Esto de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado”.

En los últimos días empresarios y dirigentes del PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano habían hecho severas críticas a esta ley que ahora regresa a debate al Congreso.

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