39 centroamericanos en cárceles de CDMX: Rebeca Peralta

Ciudad de México. La diputada del PRD, Rebeca Peralta León, anunció que contactará a las embajadas de los países de Centroamérica en México para informarles sobre la situación jurídica que enfrentan los 39 ciudadanos de esa región que cumplen condenas o esperan su sentencia en cárceles de la Ciudad de México por diversos delitos, entre los que destacan portación de documentos apócrifos, robo, posesión de armas y tráfico de drogas.

La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) precisó que, de acuerdo con la subsecretaría del sistema penitenciario de la Ciudad de México, que encabeza Hazael Ruiz Ortega, 15 provienen de Honduras, 11 de Guatemala, 6 de El Salvador, 4 de Costa Rica, 2 de Nicaragua y 1 de Panamá.

La idea de buscar a los representantes de las sedes diplomáticas surgió el pasado mes de noviembre cuando La Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos en su tránsito por México visitaron el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en donde las autoridades del sistema penitenciario entregaron una lista de las personas centroamericanas que se encuentran recluidas en las cárceles capitalinas, comentó.

“Queremos que los embajadores conozcan cuántos ciudadanos centroamericanos están en las prisiones de la capital del país, por qué delitos y cuál es su situación jurídica. Nuestro objetivo es que con esa información sirvan de enlace con las organizaciones civiles de América Central, como la Caravana de Madres Centroamericanas, para que las familias que buscan a sus hijos, padres y hermanos tengan la posibilidad de saber que podrían estar en las cárceles de la ciudad”, dijo

Y es que, recordó, los familiares de los migrantes desaparecidos “nos solicitaron ayuda para darles información sobre los expedientes de los centroamericanos y los nombres de quiénes han estado presos desde hace 16 años”.

Señaló que junto con las autoridades del Sistema Penitenciario, “establecimos el compromiso de revisar los expedientes correspondientes al periodo 2000-2016, principalmente los de 2001, año en que se registró el mayor número de migrantes desaparecidos en territorio nacional en su intento de llegar a Estados Unidos”.

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