Crea Congreso EDOMÉX leyes anticorrupción que aplican a gobernantes y particulares

El diputado Cruz Roa Sánchez hace uso de la tribuna del Congreso del Estado de México

Toluca Méx. 20 de Junio.- El Sistema Anticorrupción del Estado de México contempla una serie de leyes que obligan a la digitalización de la información delicada; la creación de un tribunal que sancione a gobernantes y particulares que se vean inmersos en actos de corrupción, a la vez que dirima juicios entre ciudadanos y gobernantes; la creación de un organismo ciudadano que junto con la autoridad controladora vigilen que la norma se aplique; así como un sistema de transparencia de acceso a los ciudadanos.

SANCIONES PARA SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPTOS

La Ley de Responsabilidades clasifica como falta grave el cohecho, que consiste en que el servidor público exija, acepte, obtenga o pretenda obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración con motivo de sus funciones, al igual que el peculado, que es el uso o apropiación para sí, sus familiares o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, de recursos públicos sin fundamento jurídico o en contraposición a la norma.

Esta norma también considera como faltas graves el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, cometer o tolerar hostigamiento y acoso sexual, la actuación bajo conflicto de intereses, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato y la obstrucción de justicia.

Las sanciones administrativas por la comisión de faltas administrativas graves van desde económicas hasta la suspensión del empleo, cargo o comisión o la inhabilitación, y corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa determinar el pago de una indemnización cuando la falta administrativa haya provocado daños y perjuicios a la hacienda pública.

SANCIONES PARA PARTICULARES VINCULADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN

Para el caso de los particulares, la misma Ley de Responsabilidades señala como conductas graves el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias para inducir a la autoridad, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, el uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de ex servidores públicos.

Entre las faltas también se encuentra la colusión, que consiste en acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas, o la celebración de acuerdos, contratos, convenios o arreglos entre competidores para  obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la hacienda pública.

Por estas conductas, en el caso de personas físicas se aplicarán sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como indemnización resarcitoria.

En cuanto a las organizaciones (personas jurídicas colectivas), se aplicarán sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y la suspensión de actividades, la cual consiste en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios.

La sanción puede alcanzar la disolución de la sociedad respectiva, lo cual implicaría la pérdida de la capacidad legal para el cumplimiento del fin por el que la organización fue creada, así como la indemnización resarcitoria por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos.

Todo este andamiaje requirió una serie de reformas que fueron emprendidas por los diputados de la LIX Legislatura mexiquense y que implicó reformar la Constitución estatal y posteriormente expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, que regula el funcionamiento de esta nueva estructura diseñada para prevenir, investigar y sancionar el uso indebido de las funciones públicas para provecho personal, además de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Los diputados mexiquenses también aprobaron la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que define las competencias, procedimientos y sanciones, además de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que regula las atribuciones de este órgano para conocer y, en su caso, imponer las penas para los infractores.

Para complementar y darle viabilidad al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, se modificaron las leyes de Fiscalización Superior, de la Fiscalía General de Justicia y Orgánica de la Administración Pública, así como los códigos de Procedimientos Administrativos y Penal, todos del Estado de México.

La Ley del Sistema Anticorrupción establece los mecanismos de coordinación entre el estado y los municipios para el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, las bases del Sistema Estatal de Fiscalización y las directrices básicas para crear e implementar sistemas electrónicos para el sumistro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones.

CIUDADANOS ENCABEZARÁN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Fortalecer el vínculo entre ciudadanos e instituciones es uno de los objetivos del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, por lo que su Comité Coordinador será presidido por un ciudadano de probidad y prestigio, que cuente con experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Entre las tareas de este comité se encuentran establecer los mecanismos de coordinación, así como diseñar, promover y evaluar las políticas públicas y programas de combate a la corrupción.

También, aprobará la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, además de que podrá emitir recomendaciones públicas, debiendo dar seguimiento a las mismas.

A nivel municipal se respeta este espíritu de participación ciudadana, toda vez que el comité coordinador correspondiente —al igual que en el sistema estatal — estará encabezado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien contará con el apoyo de los titulares de la Contraloría Municipal y de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del municipio.

PLATAFORMA DIGITAL DARÁ SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios incluye la operación de una Plataforma Digital Estatal, integrada con información de los sistemas de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal; del sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas y del sistema de servidores públicos y particulares sancionados.

Esta plataforma, cuyas bases o lineamientos determinará el Comité Coordinador, también estará conformada por los sistemas de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de Fiscalización; del sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como del sistema de información pública de contrataciones.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Para resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, se creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Este órgano autónomo, que sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, también estará encargado de dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios establece las competencias, el procedimiento y las sanciones correspondientes.

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