Discuten anteproyecto de Ley Nacional contra Delincuencia Organizada

Valle de Bravo, México, 4 de dic. La Procuraduría General de la República, en conjunto con las fiscalías y procuradurías del Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, trabaja en un anteproyecto de iniciativa de Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada para someterlo el siguiente año a la consideración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

El Fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez dijo: “Pondremos en la mesa el análisis de la construcción de una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada, que con los debidos candados y salvaguardas, dé competencia a las autoridades estatales, así como también dote de las herramientas jurídicas para la investigación y persecución de este delito”.

Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, mencionó que basada en el espíritu del federalismo cooperativo, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia debe encontrar soluciones comunes a las necesidades de seguridad, paz, justicia y honestidad que demanda la sociedad, particularmente en cuatro de los diez principales problemas que afectan a la sociedad mexicana: como inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico.

El representante del Procurador General de la República a la Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hizo una descripción de la penetración del crimen en la vida del país: la delincuencia organizada es una manifestación exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros factores, por mayores términos de violencia; un alto beneficio económico de sus acciones; estructura criminal materialmente institucionalizada; pérdida de espacios públicos; y descomposición del tejido social.

Por estas razones, agregó, tiene capacidades y recursos suficientes para corromper la esfera pública y debilitar el orden constitucional ya que se ha diversificado y ha traído como consecuencia múltiples condiciones que favorecen la impunidad y que dificultan la acción persecutoria del Estado, además de generar operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de mayor violencia.

El también presidente en suplencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que durante los trabajos de las 33 procuradurías y fiscalías, se presentará la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, construido con  solvencia técnica y legitimidad política, a fin de convertirlo en un instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.

Reseñó que esta propuesta de modelo ya implementado internamente en la PGR como piloto, gira en torno a cinco puntos torales: una política criminal de seguridad pública y de justicia penal; un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte; además de un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva basado en un plan de persecución penal. .

En el marco de este modelo, también se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de diferentes acciones como dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas, e integrarle un Centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes.

El modelo implica elevar la importancia de los servicios de investigación criminal, inteligencia y servicios periciales, ya que los mismos no sólo prestan apoyo a la función ministerial, sino que además el análisis empírico del fenómeno delincuencial, realizado a través de estos servicios, es la principal fuente para definir tanto la política criminal como los planes de persecución penal, así como para actuar de manera proactiva frente al fenómeno.

Durante su intervención, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza indicó que el Estado de México trabajará de manera coordinada y cercana con la ciudadanía, organizaciones civiles y las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia, para conseguir la paz y tranquilidad que la población pide.

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