Arranca este 1 de marzo octavo periodo del Congreso EDOMÉX

La 59 Legislatura mexiquense iniciará este primero de marzo su Octavo Periodo Ordinario de Sesiones. El congreso dio a conocer una síntesis de los trabajos que se han realizado en los anteriores siete periodos ordinarios, así como en los extraordinarios.

Se detalló que se ha trabajado en  854 iniciativas de ley y puntos de acuerdo aprobados. Entre estas, 27 nuevas leyes, además de que en calidad de integrante del Constituyente Permanente de la nación, avaló siete minutas de reformas a la Constitución federal.

De la legislación aprobada en dos años y medio de gestión, destaca el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de México, que establece instrumentos de prevención y rendición de cuentas, así como procedimientos imparciales para exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.

Las leyes del Sistema Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, de Responsabilidad Patrimonial y Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se complementan con las reformas estructurales a las leyes de la Fiscalía General de Justicia, de Fiscalización Superior y Orgánica de la Administración Pública, así como a los códigos de Procedimientos Administrativos, Penal y Civil, todos de la entidad, las cuales permiten el combate frontal a la corrupción.

Otros nuevos ordenamientos son la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, esta última, incorpora como sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos, universidades, fideicomisos y personas físicas o jurídicas que reciban recursos públicos.

En materia de seguridad pública y justicia fueron aprobadas las leyes para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro; la de Indulto y Conmutación de Penas; la de Extinción de Dominio; la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, y la de la Fiscalía General de Justicia, que sustituyó a la antigua Procuraduría de Justicia.

También fue expedida la Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado de México, para que todos los servidores públicos tengan la obligación de promover, proteger y garantizar estos derechos, así como reformas que fortalecen la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y estipulan la obligación de los servidores públicos de fundamentar y hacer pública su negativa en caso de no aceptar o incumplir una recomendación del organismo.

En materia educativa, los legisladores mexiquenses aprobaron la Ley para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado de México, con mecanismos para erradicar este fenómeno y proteger la integridad física, psicológica y social de los alumnos, así como la Ley que crea el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio, para mejorar la preparación y capacidad pedagógica de los docentes.

Las reformas a la Ley de Educación también permiten la firma de convenios para que estudiantes que no hayan sido seleccionados para ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México sean recibidos en instituciones del gobierno estatal, además de garantizar la entrega de becas y estímulos a alumnos con enfermedades crónico-degenerativas y en situación de vulnerabilidad, así como el derecho a la educación para jóvenes embarazadas o en periodo de lactancia.

Para proteger a las mujeres, se avaló un paquete de reformas que establece una pensión alimenticia, para hijas e hijos, esposa o concubina, no menor de 40 por ciento del sueldo de quien debe entregarla; prohíbe que menores de edad contraigan matrimonio; anula el término de un año para iniciar el divorcio, y tipifica la violencia obstétrica y laboral.

También se creó la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres en los 125 municipios de la entidad y un mecanismo interinstitucional de seguimiento a las acciones de seguridad, prevención y justicia en esta materia.

En el rubro de salud y desarrollo social, los diputados aprobaron la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos Alimentarios, además de reformas para incluir la cirugía bariátrica en los servicios públicos de salud, establecer que los trastornos de peso y talla sean considerados motivos de discapacidad y asegurar el derecho a la lactancia materna.

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