Méx, DF. 16 de Abril.- El Secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur, y el procurador de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez fueron duramente cuestionados por los los diputados de la Comisión de Derechos Humanos quienes, sin diferenciación de partido, demandaron más claridad en la investigación de los asesinatos de Tlatlaya y hablaron sobre la necesidad de considerar una alerta de género en la entidad federativa. Manzur respondió que de probarse las violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya, se sancionará con rigor a quien lo haya hecho. También que estaría de acuerdo, si lo decide quien lo debe decidir, en la alerta de género.

El presidente de la comisión, diputado Heriberto Galindo Quiñores (PRI), aclaró desde el principio que el propósito era dialogar sobre actos y omisiones atribuibles a funcionarios públicos está de acuerdo con la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Le presentamos a nuestros lectores la información dividida en dos partes. En la primera las preguntas de los legisladores, en la segunda las respuesta de los funcionarios del Gobierno del Estado de México.

DURAS PREGUNTAS DE LEGISLADORES DE MORENA, PRI, PAN, PRD, MC, PVEM Y NA

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (Morena) refirió la serie de irregularidades procesales en el caso Tlatlaya y señaladas por la CNDH, destacó la tortura y amenazas a las mujeres encontradas, así como ocultar información. “Van intentar ocultar toda la documentación y van a negar la responsabilidad: en conjunto la PGR y la Procuraduría del Estado de México, son responsables de no haber explorado la hipótesis de que muchos de los muertos fueron asesinados de forma arbitraria”.

Comentó los hechos registrados en esa región el 30 de junio de 2014, donde se ejecutaron a 22 personas; se encontraron a mujeres en el lugar que fueron identificadas como secuestradoras, cuando son víctimas; la actuación de soldados y de funcionarios públicos que participaron. Así como la recomendación de la CNDH que indica la serie de irregularidades detectadas.

Por el PRI, la diputada María del Rocío García Olmedo preguntó sobre el caso Tlatlaya y sus implicaciones. En torno a la violencia de género, dijo que “es una queja recurrente la falta de profesionalización de funcionarios públicos mexiquenses que atienden este tipo de delitos, ya que interponen prejuicios y juicios denigrantes hacia las mujeres demeritando la aplicación de la justicia”.

La diputada priista, María Esther Garza Moreno, destacó la urgencia de abatir la violencia contra las mujeres. Es vital, dijo, avanzar en la armonización legislativa de género que contribuya a disminuir, por otra parte, los feminicidios.

A nombre del PAN, el diputado Carlos Fernando Ángulo Parra pidió información sobre las acciones preventivas y compromisos del gobierno estatal que eviten en el futuro hechos “vergonzosos” similares a los de Tlatlaya. Manifestó preocupación por la “colusión para esconder hechos y lo peor, intervenir en la violación fragrante de los derechos humanos, ya que la CNDH refirió la tortura de tres mujeres”.

También la diputada panista, Leticia López Salas resaltó que el Estado de México es la entidad que tiene la situación más crítica en materia de alerta de género, ya que 54 mujeres de cada 100 son víctimas de algún tipo de violencia infringida por su pareja y, por temor a represalias, se denuncian sólo nueve casos por cada cien maltratos. “Dejaron de maquillar las cifras de mujeres asesinadas y ahora se ocultan”, afirmó.

Por el PRD, la diputada Roxana Luna Porquillo interrogó sobre las labores de dragado en el Río de los Remedios para localizar restos óseos de posibles víctimas de delito. También sobre las acciones que garanticen la imparcialidad en el asesinato de Mariana Lima Buendía, cuyo esposo Julio César Hernández Ballinas, policía judicial de la entidad, es señalado por los familiares como el responsable, pese a lo cual continúa como funcionario público.

La perredista Margarita Elena Tapia Fonllem solicitó que se valore declarar la alerta de género en el Estado de México para prevenir y frenar la violencia en contra de las mujeres. Sobre Tlatlaya, urgió a definir cuándo, cómo y dónde se desagraviará a las víctimas para cumplir con la reparación del daño. Si esto es un asunto federal, ¿consideran que la disculpa pública la tiene que dar el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Máximo del Ejército mexicano?, cuestionó.

La diputada del PVEM, Martha Edith Vital Vera, rechazó cualquier tipo de violencia y se pronunció porque se garanticen los derechos fundamentales en todo momento. “Repudiamos la violación de los derechos humanos porque es un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”. Solicitó conocer las acciones emprendidas por el gobierno del Estado de México para reparar esta falta.

Por Movimiento Ciudadano, José Francisco Coronato Rodríguez pidió información sobre las acciones jurídicas y resultados que ha obtenido el gobierno estatal para investigar las irregularidades del caso Tlatlaya referidas por la CNDH, y en su caso las sanciones penales y administrativas se han impuesto por estas acciones graves, como la omisión en que pudieron haber incurrido servidores públicos.

El diputado René Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) cuestionó respecto a las acciones tomados por el gobierno estatal junto con las autoridades federales y elementos castrenses, para que en las tareas de seguridad no se vuelvan a vulnerar los derechos humanos de los mexiquenses. Sobre los elevados casos de violencia de género y que permanecen impunes, solicitó conocer las medidas para contrarrestarlos.

RESPUESTAS DE MANZUR

Al responder las preguntas José Manzur Quiroga, Secretario de gobierno del Estado de México, sostuvo que se va investigar, dijo, a todos los servidores públicos involucrados en el caso Tlatlaya y, “si alguno violó los derechos humanos de las mujeres encontradas en el lugar, será castigado de manera ejemplar conforme a la ley”. En abono al gobierno del Estado de México, explicó que la Procuraduría estatal fue la que cambió la situación jurídica de las tres mujeres: de testigos a víctimas. Agregó que en caso de determinarse una indemnización por parte del gobierno mexiquense ya existe un fideicomiso listo para hacer los pagos correspondientes. “La violación de derechos humanos nunca debería haber sucedido” en ninguna parte.

Pidió no olvidar que el Ejército Mexicano le fue reconocido ese día “por haber rescatado a tres secuestradas no por los hechos violentos”.

Sobre la violencia de género, dijo que la Subprocuraduría Especializada trabaja para abatir la violencia de género. Se pide que denuncien, “el Estado de México está listo para actuar, pero si no hay denuncia no hay cómo hacerlo”.

Sobre la petición de declarar alerta de género en la entidad, Manzur Quiroga sostuvo que no es una decisión que dependa del gobierno estatal. “No vemos ningún problema en establecerla, si el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determina que el Estado de México debe de estar en esta situación lo veríamos con muy buenos ojos, incluso tendríamos beneficios”.

El titular de la PGJEM, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, refirió que en el caso de Tlatlaya, el gobierno estatal actuó como colaborador y a los tres días -3 de julio de 2014- entregó el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), pues se cometió un delito federal.

Explicó que el primer reporte del Ejército fue a las 6 de la mañana, y las recomendaciones fueron no avanzar ante el riesgo de encontrar individuos de la delincuencia organizada, por lo que dada la magnitud del hecho se desplegó personal de Toluca y de Valle de Bravo y llegaron al lugar a las doce horas.

En este sentido, Manzur Quiroga precisó que la investigación a mandos militares “no corresponde a nosotros, eso sería un asunto federal, lo único que tendríamos que ver es la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a las mujeres que se les reconoció su carácter de víctima por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, fue la primera que lo hizo”.

Un tema tratado es la hora en que llegó el personal de Toluca y Valle de Bravo al lugar de los hechos: “no son 6 horas tarde, quiero precisar que de Toluca a Tlatlaya son muchas horas y kilómetros y a nosotros nos advirtió no sólo el Ejército, las propias personas de la Procuraduría que no había condiciones de seguridad para que funcionarios se trasladaran con prontitud. Teníamos que ir con el cuidado necesario para no tener ningún problema”.

Finalmente, Manzur dijo que el gobierno estatal ha atendido y aceptado las 8 recomendaciones hechas por la CNDH y mantiene diálogo con su titular y los visitadores. El gobierno mexiquense, afirmó, “es total y absolutamente respetuoso de los derechos humanos”. Se comprometió a remitir las respuestas por escrito a todos los legisladores federales, así como las fichas técnicas necesarias que contribuyan a fortalecer el trabajo parlamentario.