Méx. DF 23 de Julio. La Consejera Pamela San Martín Ríos hizo una crítica devastadora al sistema de fiscalización del INE y aseguró que la misma no permite cuantificar de manera correcta los gastos de los partidos y los candidatos y llegar a una conclusión cierta sobre si rebasaron o no los gastos de campaña. La consejera hizo una gran cantidad de observaciones a los dictámenes de fiscalización  pero todos sus compañeros de consejo no quisieron escuchar y se hicieron de oídos sordos. Pero las críticas de la consejera son duras y ahí están:

Es mi convicción, dice,  que” el ejercicio de fiscalización no fue efectivo y que el contenido de los documentos no permite arribar a conclusiones ciertas ni cumple con las obligaciones que en materia de rendición de cuentas estamos obligados tanto los partidos políticos como esta autoridad.”

“Los documentos a discusión, acusa, no proveen el soporte necesario sobre el cual se erija la decisión de esta autoridad, no servirá a los propósitos constitucionales una fiscalización que no proteja la esfera de la política como recinto de lo público y que no alcance a salvaguardar la equidad en la contienda.”

Por eso, durante la sesión del Consejo General del INE celebrada en pasados días la consejera fue la única que votó en contra de todos los dictámenes y recomendó que los mismos fueran devueltos para su revisión. Se mostró sorprendida por los elogios que durante la sesión se dieron a los trabajos de fiscalización:

“No puedo compartir, dijo, la satisfacción con los resultados que este ejercicio arroja, me parece que los Consejeros Electorales como integrantes del máximo órgano de Dirección de este Instituto, debemos realizar un análisis objetivo de los Dictámenes y Resoluciones, precisamente a la luz de los objetivos de la función de fiscalización que nos ha sido encomendada”.

“Lo que vamos a votar el día de hoy,sostuvo con firmeza, no es un reconocimiento a un área, es un conjunto de Dictámenes que lo que nos señalan es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos, y estos son los datos que no se tienen y que no me permiten en este momento tener certeza de qué es lo que ha pasado”.

Durante la sesión del pasado 20 de Julio, Pamela San Martín dividió en cinco grupos sus críticas y dijo que más allá de elogiar las multas interpuestas a los partidos y centrar la atención en esos detalles se debe centrar el análisis crítico en información que se desprende de los documentos a discusión y de aquella información que los mismos no contienen.

Los consejeros electorales escucharon callados todas las críticas de Pamela San Martín. Llama la atención que ningún representante de partido las haya retomado y pedido, a partir de las mismas, una investigación más a fondo. Y es que, en sesiones anteriores, siempre que algún consejero disiente o critica al organismo electoral no falta algún representante que retome el tema, se solidarice con el consejero y pida una investigación más a fondo sobre aquello que se critica. Ahora no fue el caso. Parece ser que en el seno del Consejo hubo un acuerdo previo para no hacer caso a las críticas de la consejera y con ello intentar minimizarlas.

Sin embargo, las críticas son tan fuertes y dejan tan en entredicho el resultado de las auditorías que vale la pena reproducirlas las cinco observaciones íntegras.  Sólo los encabezados, con el objeto de hacer más ágil la lectura,  son de la redacción de Lector 24.

No hay información exacta sobre los gastos prorrateados:

“1.-  En los Dictámenes no hay información que permita una consolidación nacional de ingresos y gastos, esto significa que tampoco es posible identificar los gastos que beneficiaron a más de un candidato en distintas elecciones, ni constatar que la totalidad de éstos hayan sido sumados a los gastos de campaña de los candidatos beneficiados tanto en el ámbito federal como el local, incluso, de los gastos prorrateados que sí pueden analizarse».

» En la revisión, se observa que no todos fueron debidamente cuantificados a las campañas, además hay faltas en torno al prorrateo que no están siendo sancionadas, aun cuando no permiten a la autoridad identificar a quiénes beneficia la propaganda reportada por los partidos políticos; no hay información sobre el prorrateo del gasto de los partidos políticos, ni modo para vincular la distribución del dinero con las características del gasto ejercido».

«Coincido que la Ley no mandata que se haga un Informe Consolidado de todos los gastos, el problema es que hay gastos que se prorratean entre lo federal y lo local, hay muchos gastos que están prorrateados y muchos gastos que la autoridad determinó que estaban prorrateados, y el problema es que uno no advierte a dónde se fueron esos gastos que iban de lo federal a lo local».

«A modo de ejemplo, en el caso del Dictamen del Partido Verde Ecologista de México, los gastos de campaña se señala que se prorratean en las 32 entidades; uno abre los Dictámenes de los estados de Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, no hay gastos no reportados, es decir, no se advierte dónde se fue la parte que le correspondió al prorrateo».

«Esta es precisamente la razón por la que pido que se consoliden los gastos, por lo que pido que devolvamos, no es por un ejercicio académico en el que me interese tener una información consolidada, es porque se requiere tener certeza».

«¿Por qué es tan relevante esta certeza?» Se preguntó y contestó: “Porque una de las cosas que vamos a determinar hoy es si hubo rebases o no hubo rebases de tope de gastos de campaña. El quedarte cerca del rebase de tope de gastos de campaña no es rebasarlo, quedarte lejos tampoco, pero hasta que no tenemos claramente identificados todos los gastos que cayeron es cuando podemos tomar esta determinación y cuando podemos decir qué fue lo que pasó”.

2.-  «Relacionado con lo anterior, no contamos con una base de datos única y final sobre el monto y origen de los ingresos y el monto y destino de los gastos, tampoco de los que les fueron determinados por la auditoría».

Se omitieron investigaciones relevantes y en otras no se agotó su investigación.

3.- «Si bien reconozco el esfuerzo realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización y las condiciones tan adversas en las que desarrolló sus funciones, no puedo acompañar como parte de la normalidad de este Instituto, un ejercicio en el que se omita realizar investigaciones más exhaustivas y ejercer a plenitud las facultades conferidas a este Instituto, tanto para confirmar operaciones con terceros, como con autoridades fiscales y bancarias».

«Sé que esto es consecuencia de los tiempos con los que se contó y de deficiencias en la planeación, así como de que los propios partidos políticos no registraron la información en tiempo en el Sistema, lo que llevó a que la mayor parte de la actividad de la Unidad se pudiera llevar a cabo hasta una vez concluidas las campañas».

«Sin embargo, no se trata de una cuestión menor, y me parece que la misma no debe ser obviada, más allá de las causas que le dieron origen, no puedo acompañar que en la fiscalización que realice esta autoridad se omitan investigaciones tan relevantes y se concluya sin haberlas agotado y sin ordenar siquiera su realización posterior, que no se advierten irregularidades en las mismas».

«No debemos aceptar el hecho de que las llamadas fuentes externas de información estén virtualmente ausentes de la labor fiscalizadora».

«La eficacia del nuevo Modelo de Fiscalización descansa en el cumplimiento estricto de los tiempos y condiciones establecidos en nuestras normas, así como en el ejercicio pleno de las atribuciones conferidas a esta autoridad; es mi convicción que no se cumplió con los mismos, que obviarlos sin una reflexión crítica no fortalece esta autoridad ni a la Unidad Técnica, sino que genera un mal precedente en el que las deficiencias de fiscalización se sustituyen por sanciones que en el espacio público pueden ser espectaculares, pero que por las causas expuestas no cuentan con un sustento suficiente».

«Muestra de ello es el engrose que en estos momentos está siendo puesto sobre la mesa de este Consejo General. Aceptar que se puede fiscalizar las campañas sin información de fuentes externas y sin consolidar ingresos y gastos, equivale a debilidad a la Unidad Técnica de Fiscalización y a esta autoridad».

4.-» En el Proyecto de Resolución correspondiente a la elección federal se propone imponer sanciones por un total de cerca de 130 millones de pesos, estas sanciones no derivan de que hayamos detectado un mayor porcentaje de gasto no reportado respecto del reportado por los partidos políticos; como botón de muestra, vale la pena comparar los montos detectados en el 2012 respecto de los que encontramos en esta elección. Cerca del 40 por ciento de las sanciones que propone imponer al Partido Verde Ecologista de México derivan de sancionar el no haber reconocido como gasto de campaña un conjunto de gastos que realizó durante las intercampañas».

Auditorías no contemplan el gasto de los representantes de partido en las casillas

5.-  «No puedo acompañar que se acepte sin una investigación adicional que como regla general quienes fungieron como representantes generales y de Casilla a los partidos políticos actuaron de forma voluntaria y desinteresada. No dudo que algunos militantes y simpatizantes puedan ejercer esta función gratuitamente, sin embargo las encuestas realizadas por la Unidad el día de la Jornada Electoral no arrojan esta conclusión y sin embargo, en los Dictámenes se hace caso omiso a los propios hallazgos de la Unidad».

«Este punto me parece trascendente porque su cuantificación como Gastos de Campaña deriva, precisamente, de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional el artículo de la Ley General de Partidos Políticos por el que se establecía que debían considerarse como gastos ordinarios».

Que se regresen los dictámenes, pidió la consejera.

Después de hacer todas sus críticas, la consejera concluyó durante esa sesión  con la siguiente propuesta:

“Que se ordene la devolución de los Proyectos para que podamos tener una consolidación nacional de las cifras de los mismos; es decir, que podamos tener información clara de la que se desprenda que todos y cada uno de los gastos genéricos que realizaron los partidos políticos fueron impactados en las contabilidades tanto a nivel federal como a nivel local, al menos los que fueron considerados por esta autoridad, detectados por esta autoridad y que nosotros somos los que determinamos a quienes beneficiaron en una y otra campaña”

“ Las circularizaciones a las que se hace referencia, puede ser que se hayan hecho un conjunto de actividades, no se reflejan en los Dictámenes, no se refleja la información, no se hace señalamiento, en ningún Dictamen aparece una referencia a la Unidad de Inteligencia Financiera, los dictámenes locales no hacen referencia el Servicio de Administración Tributaria, y que se hayan hecho cruces con la información que consta en los mismos”.