Toluca Méx. 3 de dic.- Para combatir el secuestro y controlar sus efectos el gobierno del Estado de México está proponiendo a  LIX Legislatura mexiquense una iniciativa de ley que privilegie la atención de la víctima por sobre el victimario. Dicha ley plantea también evitar la duplicidad de funciones en el combate al secuestro mediante la creación de un consejo donde estén integrados el gobierno del Estado de México, los municipios  y quienes tengan que ver con el tema.

La iniciativa viene firmada por el gobernador Eruviel Ávila y fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado de México por la diputada María Pérez López. Lo fundamental, dijo, es que la ley establezca como prioridad que durante un secuestro lo primero es preservar la vida y restituir la libertad de las víctimas, proteger su integridad física y psicológica y la de sus familiares, así como detener y sancionar a los culpables para que este delito no quede impune. No se trata nada más de detener al victimario, sino sobre todo de proteger a la víctima.

La iniciativa fue  turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia en donde se acabará de elaborar un dictamen definitivo que regresará al pleno del congreso para su discusión definitiva.

Además de lo anterior, la iniciativa tambien propone la creación de un Consejo presidido por el Ejecutivo como órgano de consulta, colaboración, concurrencia y apoyo interinstitucional, cuyo fin será coordinar, evaluar, promover y conjuntar esfuerzos, políticas, programas y acciones para la prevención, atención y combate de este delito, además de elaborar el respectivo Programa Estatal.

Precisa que las autoridades responsables del cumplimiento de la ley (dependencias, organismos autónomos y ayuntamientos) deberán velar en todo momento por el respeto de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos, y porque se les otorguen las medidas de protección y apoyo previstas en la Ley General y demás normas aplicables.

Este nuevo marco jurídico es acorde con la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como con las atribuciones en la materia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.