A partir de este día la relación laboral entre autoridades de un Ayuntamientos y sus empleados cambió de forma drástica. Los alcaldes la deberán pensar con su equipo administrativo y jurídico antes de contratar o despedir a un trabajador. Y es que existen los antecedentes jurídicos y legislativos para que los presidentes municipales del Estado de México y sus directivos de confianza dejen de usar trucos para no pagar una indemnización cuando durante un juicio laboral la autoridad conciliatoria le de la razón a los despedidos.

En efecto este día para cerrar el círculo del caso Coacalco, a Diputación Permanente, presidida por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN) convocó al Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones de la 59 Legislatura mexiquense, este viernes 16 de febrero, para designar al presidente municipal, así como al octavo y décimo segundo regidores sustitutos del ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal.

Lo anterior, derivado de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de separar de su cargo a los integrantes del ayuntamiento por la inejecución de una sentencia de amparo en materia laboral. Un empleado demandó desde hace años al ayuntamiento, las autoridades le dieron la razón, le notificaron al ayuntamiento, pero la autoridad municipal desconoció la sentencia. El quejoso acudió a la Corte de Justicia y la misma ordenó la destitución de la autoridad municipal y el pago obligado.

Los presidentes municipales del Estado de México han usado su departamento jurídico para eludir pagos tanto a proveedores, usuarios de servicios y trabajadores que entran en conflicto con ello y durante un juicio se resuelve en contra de la autoridad municipal y a favor del quejoso.

Desgraciadamente caño tres años en el Estado de México los propios alcaldes inflan sus nóminas y generan una carga de pagos por indemnización a quien los substituye. Esto sobre todo pasa cuando el alcalde saliente y el entrante son de partidos políticos diferentes. La propia autoridad saliente deja todas las condiciones jurídicas para que el entrante deba pagar jugosas sumas a sus equipos. Esto afecta también el proceso de indemnización a todos los trabajadores que de forma natural deben ser despedidos pero, también conforme a su derecho, deben demandar una indemnización.

Este tema será de la mayor trascendencia para las autoridades municipales entrantes, pues durante el proceso de entrega recepción deberán revisar con lupa el tema referente a contratos laborales, despidos y juicios en proceso relacionados con la posibilidad de que el Ayuntamiento pierda ante tribunales y se vea obligado a pagar.

La diputada María Teresa Monroy Zárate (PRI) explicó que para dar cumplimiento a la sentencia del máximo Tribunal Constitucional, fueron llamados los suplentes, sin embargo, en estos tres casos, declinaron asumir los cargos.

Para garantizar la buena marcha de la administración municipal y en cumplimiento con lo establecido por la Constitución local y la Ley Orgánica Municipal de la entidad, el Ejecutivo estatal remitió tres iniciativas con las propuestas de ternas de ciudadanos, de entre los cuales la Legislatura designará a quienes ocuparán las vacantes correspondientes a fin de concluir el periodo 2016-2018.

De acuerdo con la iniciativa de convocatoria, dispensada del trámite de dictamen, la Diputación Permanente debe favorecer en todo momento la participación de la Legislatura en Pleno, para atender, con oportunidad, asuntos de interés general que ameriten una pronta resolución en beneficio de los mexiquenses y sus instituciones.