Este día el Congreso del Estado de México decidió dar un paso más en la investigación de la quiebra intencional del ISSEMYM y le pidió al gobernador Alfredo del Mazo que contrate auditores externos. Además solicitó la presencia del auditor del OSFEM para que entregue las últimas seis auditorías realizadas al ISSEMYM y explique a fondo qué está pasando en ese organismo.

El gobernador Alfredo del Mazo tiene un plazo de 5 a 15 días hábiles para entregar resultado. Esta es la primera ocasión que se formaliza una petición de información de parte de los legisladores. La propuesta la hizo la poderosa fracción parlamentaria de morena y fue aprobada por unanimidad.

Durante la lectura del acuerdo los morenistas advirtieron que desde el gobierno de César Camacho que ya se sabía que Arturo Montiel habría desviado más de mil millones de pesos del fondo de ahorro. También los morenistas advirtieron que el rector de la UAEM deberá entregar cuentas claras de dónde está el dinero que debió pagar al ISSEMYM. Los morenistas hablaron de una cantidad de 1300 millones de pesos de deuda, aún cuando hay información de que la cifra podría superar los 1600 millones de pesos. En estos momentos el rector Alfredo Barrera se encuentra en el extranjero.

En la cámara de diputados se encontraban decenas de manifestantes que aplaudieron la decisión de los diputados para realizar la investigación.

En sesión del Primer Periodo Ordinario, la diputada Claudia González Cerón presentó el punto de acuerdo en representación del Grupo Parlamentario de morena.

Por su lado la legisladora morenista Beatriz García hizo una oportuna intervención y pidió que para dar claridad a la exigencia de auditorías externas se de un plazo al gobernador Alfredo del Mazo de 10 a 14 días hábiles. Esta última propuesta también fue aceptada pues da certeza de que toda la información se tenga presente mucho antes del primero de enero de 2019, cuando entre en funciones el decreto Del Mazo que pretende aumentar las cuotas de los trabajadores y quitarles su derecho a pensión.

“Sin importar argumentos ni mediar consensos, tenemos una ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 vulnerando los derechos de nuestros trabajadores bajo el simple argumento de que el sistema de pensiones y de atención médica están en colapso, y que el Issemym está a punto de quiebra”, expresó.

El punto de acuerdo aprobado también solicita a la Junta de Coordinación Política que convoque a foros temáticos sobre la llamada Ley Issemym, para escuchar argumentos en favor y en contra, con la intención de tomar firmemente una determinación sobre la misma.

También solicita a los convocantes de los foros realizados sobre la nueva Ley del Issemym proporcionen a las presidencias de las Comisiones Legislativas correspondientes los resultados de los mismos.