Diputados de la LX legislatura pidieron este día al gobernador Alfredo del Mazo sancionar la negligencia del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México con su destitución, pues luego de varios días que se le ha solicitado entregar información en torno a los laudos que se tienen en contra de Ayuntamientos, el funcionario ha sido negligencia e ineficiente y no ha entregado información.

La entrega de esta información, sostuvieron diputados del PT y de Morena, impide que se pueda hacer un estudio a fondo para poder sustentar una iniciativa de decreto que se encuentra en la LX legislatura por medio de la cual se pide abrogar el decreto que obliga a los próximos ayuntamientos a pagar las deudas dejadas por los anteriores, so pena de ser sancionados hasta con su destitución.

En una reunión de comisiones relacionadas con el tema laboral, en días pasados las y los diputados le habían pedido al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje información detallada sobre los juicios que tiene cada municipio del Estado de México, los montos que significan cada juicio y los que están pendientes de ejecutarse. A pesar de haberse comprometido a entregar la información, el titular de ese organismo se ha negado a hacerlo sin dar ninguna explicación. A los legisladores les parece que el presidente de forma intencional oculta la información pues en los juicios existe la presunción de ineficiencia de la autoridad para resolverlos; complicidad de alcaldes anteriores con los demandantes; y la intención política de trasladar esas deudas a los ayuntamientos de mayoría morenista, petista y del PES.

Los legisladores también aprobaron este día pedirle al gobernador Alfredo del Mazo que cumpla con la ley, así como los alcaldes en funciones, y liquiden esos juicios..

Al exhorto se agregó la petición de que esto se cumpla antes de que concluya el año, propuesta por la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena), quien se sumó a la iniciativa original de los diputados Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT) y Emiliano Aguirre Cruz (morena), presidente y secretario, respectivamente, de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

El documento, dispensado del turno a dictamen, apunta que el problema que enfrentan los gobiernos municipales y el estatal en relación con miles de laudos laborales por despidos injustificados, se debe a la falta de voluntad de las actuales autoridades locales para resolverlo y a la inobservancia de la ley en que han incurrido las autoridades del trabajo y el gobierno estatal.

Para los diputados presentantes, esta negligencia y presunta prevaricación —delito de los funcionarios públicos consistente en dictar maliciosamente resoluciones injustas (judiciales o administrativas) o faltar a sabiendas al cumplimiento de los deberes del cargo— “ha colocado en una situación financiera grave a las administraciones municipales, sobre todo a las que iniciarán funciones el 1 de enero de 2019”.

Los legisladores del PT Antonio Guadarrama, así como Armando Bautista y Julieta Villalpando insistieron en señalar que la pregunta fundamental es: ¿por qué no actuaron antes y permitieron, negligentemente, presidentes municipales, el presidente del Tribunal y el titular del Ejecutivo, que el número y montos de laudos adquirieran dimensiones descomunales?. Se tiene información de que el monto de los juicios podría rondar por los 7 mil millones de pesos.

Durante la sesión se desarrolló un debate con los diputados del PAN que criticaron a los diputados del PT por intentar presionar a las autoridades en funciones exigiéndole el pago de los adeudos por laudos laborales antes de que se terminen sus funciones.

En ese momento reaccionaron los diputados de morena y se sumaron a las propuestas del PT. Sin embargo, los panistas insistieron en que se debe ser más cuidadoso y no presionar a los alcaldes que ya de por sí enfrentan problemas fuertes.

La petición fue aprobada por mayoría con los votos de los legisladores del PT, Morena y el PES, y en contra de los legisladores del PRI y del PAN.