Diputados del Estado de México harán una revisión del impacto que tendrá en territorio mexiquense la abrogación de la llamada Reforma Educativa de Peña Nieto y anunciaron que se buscará quitar de las normas estatales los impactos causados por la reforma educativa federal.

En conferencia de prensa dada por el diputado Benigno Martínez García (morena), presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 60 Legislatura mexiquense, y el morenista Valentín González Bautista, sostuvieron que en próximos días presentará un posicionamiento ante el Pleno a propósito de la reforma educativa y del análisis a realizar para conocer como ha impactado en la entidad.

En la conferencia, representantes de organizaciones sociales y magisteriales solicitaron al Congreso local eliminar la legislación local relacionada con la reforma educativa, resarcir los daños causados al magisterio y restablecer sus derechos laborales.

El diputado González Bautista explicó que estas peticiones son resultado del primer Foro Educativo y Social del Estado de México, que se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre, donde se recogieron opiniones y denuncias de los ciudadanos. Aseguró que la Legislatura buscará mantener una comunicación permanente con la población, a fin de conocer sus necesidades y opiniones.

Representantes de la Coordinadora de Organizaciones Magisteriales, que agrupa a la Unión General de Obreros y Campesinos de México, a la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl, a la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl, a la Unión de Comités Izquierda Democrática (Ucide) y al Movimiento de Regeneración Sindical (Moresi), demandaron que el secretario estatal de Educación, Alejandro Fernández Campillo, rinda cuentas sobre su tarea como coordinador del programa de reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de 2017, además de pedir su destitución.

Solicitaron la abrogación de la legislación estatal derivada de la reforma educativa nacional, que se atiendan las consecuencias de las acciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley de Servicio Profesional Docente en la entidad, que se elimine la figura de la no idoneidad, que se reestructure el catálogo de profesiones que hace referencia a los perfiles de los docentes para su contratación y que se anule la necesidad de la certificación CENNI para los docentes de la materia de inglés.

También pidieron la abrogación de la Ley de Servicios Educativos no Autorizados o mejor conocida como ‘Ley Panal’, debido a que criminaliza a los maestros que imparten educación comunitaria por no poder pagar las cuotas del registro en el sector educativo.