El diputado morenista Faustino de la Cruz destapó otra probable desviación de recursos del gobierno del Estado de México en el cual podrían estar vinculados familiares del expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Comunicaciones y la empresa Aliatica (antes OHL). El quebranto está relacionado con la adquisición del Sistema de Barrera Móvil, para la supuesta gestión del tráfico en el Circuito Exterior Mexiquense, con un costo inflado de 485.4 millones de pesos.

La denuncia del diputado fue presentada este día en el pleno de la LX Legislatura Mexiquense y el legislador presentó un exhorto para que el gobernador Alfredo del Mazo y la Procuraduría Mexiquense se expresen públicamente sobre el tema.

El diputado Faustino de la Cruz Pérez denunció que el Gobierno del Estado de México (GEM) y la empresa Aleática mantienen “escondido” y sin dar uso al Sistema de Barrera Móvil, para la supuesta gestión del tráfico en el Circuito Exterior Mexiquense, y que tuvieron un costo de 485.4 millones de pesos.

Al explicar su denuncia, Faustino de la Cruz sostuvo que en 2009, el entonces Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, suscribió con Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. subsidiaria de Aleatica, el Acuerdo 01/2009 relativo al título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense para adquirir maquinaria especializada para la gestión del tráfico hasta por $500 millones de pesos; y realizar obras adicionales hasta por $350 millones de pesos.

La Operadora pagó al fabricante norteamericano aproximadamente $250 millones de pesos en 2009, no obstante, el GEM permitió que Aleatica registrara la compra del sistema de barrera móvil como “inversión” en el Circuito Exterior Mexiquense, por un monto de $485.4 millones de pesos, para un innecesario sistema a los usuarios.

El legislador agregó que la adquisición del sistema de barrera móvil, realizada en parte con recursos de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no se hizo directamente con el fabricante norteamericano (Barrier Systems, Inc.), sino con un intermediario constituido con posterioridad a la publicación de la convocatoria del procedimiento de licitación del Viaducto Bicentenario, con una denominación casi idéntica a la del fabricante norteamericano (Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V), de modo que pareciera que estaba vinculada con éste. El fabricante norteamericano no reconoce (públicamente al menos) que el intermediario sea o fuera su representante o subsidiaria.

“Este sobreprecio injustificado, dijo el diputado, podría constituir el pago de un soborno por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, pagado por conducto de una sociedad en la que participa como accionista y administrador una persona con vínculos muy estrechos de amistad y parentesco religioso con el entonces Gobernador Peña Nieto, cuyo costo es ilegalmente transferido a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense a través del incremento de tarifas y la ampliación de plazo de la vigencia de la concesión”.

Conforme al documento avalado, con información pública difundida por la matriz del fabricante norteamericano en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, “la Operadora pagó al fabricante norteamericano aproximadamente 250 millones de pesos en 2009. No obstante, el Gobierno del Estado de México permitió que Aleatica registrara la compra del sistema de barrera móvil como inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, por un monto de 485.4 millones de pesos, con lo que ilegal e indebidamente se trasladó el costo “infladísimo” de este innecesario sistema a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense e, indirectamente, al Estado de México”.

Para confirmar la inutilidad de la supuesta inversión, el también diputado por Ecatepec sostuvo que las máquinas no han operado, y permanecen abandonadas desde 2009, debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense y la Avenida Central, muy cerca de la caseta de cobro auxiliar A5, echándose a perder inútil e irremediablemente, mientras Aleatica recupera el costo de las mismas con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, junto con un rendimiento de 10% anual adicional a la inflación.

Y fue más allá y habló de la posibilidad de un soborno: “El ocultamiento físico de un sistema de barrera móvil que no era necesario y por el cual se pagó un sobreprecio injustificado que podría representar el pago de un “soborno” por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, es un acto o serie de actos probablemente constitutivos de un delito que empezó a cometerse en 2009 y que se sigue cometiendo hasta la fecha, con grave afectación de la hacienda pública estatal y federal”.

En consecuencia con lo anterior el diputado pidió al pleno de la 60 Legislatura mexiquense exhortar al gobernador Alfredo del Mazo para informar a la brevedad “el fundamento jurídico y las razones por las cuales el Gobierno del Estado de México autorizó la compra de un sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, cuya operación en esa autopista no era (ni es) necesaria”.

El punto de acuerdo también pide exhortar al Fiscal General de Justicia a iniciar de inmediato una investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito, del destino y uso que el Gobierno del Estado de México le ha dado a ese sistema de barrera móvil y el quebranto generado a la hacienda pública estatal derivado de lo anterior.

De acuerdo con el legislador De la Cruz Pérez, los hechos descritos ocurrieron durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, cuando era secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza, y la empresa concesionaria Aleatica (antes OHL).

El exhorto también llama a explicar las razones por las cuales se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, a pesar de que existía por lo menos una propuesta de otro participante que era notoria y considerablemente mejor y más conveniente para el estado.

Asimismo, llama a responder cuál es el monto registrado como inversión de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. en el Circuito Exterior Mexiquense, derivado de la compra del sistema de barrera móvil; cuál es el monto del rendimiento que le ha generado esa inversión a Concesionaria Mexiquense al 31 de diciembre de 2018, y si el sistema de barrera móvil fue adquirido con recursos propios de Aleatica o de Concesionaria Mexiquense o con recursos derivados de financiamientos.

El exhorto pide exponer las razones por las cuales el Gobierno del Estado de México no ha iniciado una investigación en relación con la compra de un sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, con un sobreprecio injustificado, a pesar de que ese sistema no era necesario ni en el Circuito Exterior Mexiquense ni en el Viaducto Bicentenario.

Previo a la aprobación del dictamen, el diputado del PRI, Juan Jaffet Millán Márquez expresó que el exhorto debería dirigirse al Secretario de Comunicaciones y no al titular del Ejecutivo estatal, por lo que pidió que se ajustara en esos términos “para poder acompañarlo”. Consideró también que afirmar que la compra del sistema de barrera móvil “no era necesaria” es un juicio de valor y un hecho que debe ser calificado por las instancias competentes, al igual que el “supuesto quebranto patrimonial” y pidió considerar el alcance de la Legislatura y su relación con los otros poderes del estado para no invadir esferas de actuación, respetar la autonomía de la Fiscalía y no ejercer como juzgador. La petición no procedió.

Posteriormente los diputados aprobaron por mayoría el exhorto al gobernador Alfredo del Mazo, con 14 votos en contra de los legisladores del PRI y el PVEM.