En medio de una sesión larga y tensa, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción a Delfina Gómez Álvarez por haber obtenido recursos de forma indebida cuando fue candidata a a gobernadora por el Estado de México. De acuerdo a los consejeros del INE se trata de la obtención de recursos indebidos al retenerle dinero (diezmos) a los trabajadores del municipio de Texcoco a través de afiliados al Grupo de Acción Política, mejor conocido en territorio mexiquense como el GAP.

De acuerdo con el expediente INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX, y en relación con una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, Delfina Gómez y el grupo político al cual pertenece (GAP) obligaron a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco a dar un 10 por ciento de su salario para destinarlo a gastos políticos.

Ciro Murayama describe la trama de los diezmos y los implicados.

Ciro Murayama, consejero del INE dijo que en enero de 2013 tomó posición Delfina Gómez como presidente municipal de Texcoco. A partir de febrero se comenzó a descontar el 10 por ciento de su salario a 550 trabajadores. Ese mismo mes se comenzaron a entregar recursos a María Victoria Anaya. La póliza del cheque dice textualmente que los recursos son para el grupo de Acción Política (GAP), por lo cual no hay duda.

La póliza del cheque es firmada por la presidenta municipal Delfina Gómez, por el síndico Edmundo Rosales López, el secretario del Ayuntamiento Horacio Duarte Olivares, así como Alberto Martínez Miranda, el tesorero. Los descuentos continuaron quincena tras quincena hasta junio del 2015. El monto retenido asciende a más de 13 millones de pesos. El consejero explicó que todas estas constancias de movimientos financieros fueron entregadas por la Comisión Nacional de Valores.

Explicó que María Victoria Anaya tuvo un cargo de confianza en la presidencia municipal de Texcoco, más tarde fue coordinadora de giras de campaña de Delfina Gómez cuando se postuló para gobernadora del Estado de México.

María Victoria Anaya, dice el consejero del INE, hizo transferencias, retiros de dinero y emitió cheques. Entre los beneficiarios están Luis David Miranda Gómez y José Víctor Magaña Gómez.

El consejero sostuvo que es bastante grave que el GAP no tenga personalidad jurídica, pero las autoridades del Ayuntamiento de Texcoco emitieran cheques a su nombre. ¿Cómo puede un ayuntamiento girar cheques a una persona moral que no existe jurídicamente?, se pregunta el consejero Murayama.

Por lo tanto, concluye, es fundado que se operó una trama de operación para financiar a un partido. Ciro Murayama recordó la entrevista que Delfina Gómez otorgó a Carmen Aristegui en donde la propia Delfina de manera textual dice que la aportación de los trabajadores fue para la causa de Morena.

Murayama sostuvo que esto es corrupción, pues cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quien lo haga; es pensar que el trabajador le debe su empleo a un partido y por eso le pueden quitar su salario. Descontar nóminas para financiar apuestas políticas personales es una conducta del subdesarrollo político propia del clientelismo que sigue presente.

Aclaro que difiere del proyecto en que no se sancione la totalidad del dinero involucrado. Sabemos que buena parte del dinero no se rastreó porque lo convirtieron en efectivo, pero la retención, la emisión de cheques y sus cobros son parte de una misma operación.

Por su lado, en el mismo sentido, la consejera Adriana Favela Herrera hizo una presentación de la queja e informó que de acuerdo a la denuncia del PAN se hicieron descuentos a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y del DIF Municipal durante el periodo que va de Febrero de 2013 a Julio de 2015.

La denuncia del PAN estableció tres hipótesis para investigar a dónde fueron a parar los recursos: 1 para la fundación de Morena. 2 Para la operación de Morena. 3. Para la campaña a la gubernatura de Delfina Gómez, actual Secretaría de Educación del gobierno Federal.

El proyecto propuso considerar fundada parte de la queja del PAN ya que se acreditó la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos proveniente de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y el DIF de Texcoco.

Los recursos fueron entregados a María Victoria Anaya e Ibeth Rosas Rosas las cuales recibieron diversos cheques del Ayuntamiento por un importe total de 13 millones 290 mil pesos. De estos recursos, 2 millones 114 mil pesos fueron entregados a Luis David Miranda Gómez y a una empresa proveedora de publicidad de la campaña de Delfina Gómez.

A partir de estos elementos, dice la consejera, se acreditó un nexo causal con la cual fue posible realizar una trama financiera en la que participaron las siguientes personas y entes: María Victoria Anaya, Ibeth Rosas Rosas, Luis David Miranda Gómez, José Víctor Magaña, la empresa comercializadora de Oriente quienes fueron beneficiarios de los recursos entregados.

El proyecto aprobado por los consejeros acordó sancionar a Morena con más de 4 millones de pesos, además de dar vista a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar, independientes de los temas electorales.

La consejera explicó que la denuncia se presentó desde 2017 y a lo largo del tiempo se realizaron una serie de investigaciones exhaustivas de parte de la Comisión de Fiscalización que se llegó a la conclusión de imponer las sanciones.

El PAN PIDE SANCIONES MÁS FUERTES

Al hacer uso de la palabra Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, dijo que la sanción es muy baja ya que está acreditada la triangulación de recursos de forma tramposa e ilegal.

Recordó que derivado de una solicitud de información de transparencia se obtuvo información de cómo se hicieron los descuentos. Todos estos los calificó como una estrategia fraudulenta e ilegal mediante el cual se realizaron descuentos a los trabajadores para ser destinados al Grupo de Acción Política (GAP).

«Es una estrategia ilegal y fraudulenta mediante el cual se destinaron recursos públicos de forma descarada». El panista sostuvo que por lo menos se debe imponer una sanción de más de 26 millones de pesos. Y reclamó por qué no se están sancionando a las personas que desviaron el dinero.

Los panistas advirtieron que recurrirán a otra autoridad para que el acuerdo sea más exhaustivo, se incremente la sanción e incluso se establezcan sanciones administrativas y penales.

Por su lado José Roberto Ruiz recordó que durante una entrevista pública Delfina Gómez aceptó que en efecto había recibido recursos. Retomando el tema, Víctor Hugo Sondón dijo que la declaración de Delfina Gómez debe anexarse como prueba confesional.

MORENA NIEGA LA EXISTENCIA DEL GAP

Luis Eurípides, representante de Morena ante el INE calificó la sanción como un acto doloso de la autoridad electoral contra Morena. A toda costa el INE buscó sancionar a Morena en este asunto. Sostuvo que no hay prueba para sancionar. Y las conclusiones de la investigación son desproporcionadas e incongruentes.

La intervención del representante de Morena en un principio no fue a fondo sino estableció una crítica al procedimiento. En este sentido comentó que el asunto se debió haber resuelto en su momento y no esperar cuatro años para sacar las conclusiones y las sanciones. Aseguró que no se permitió a los acusados conocer el contenido de la queja y de la investigación lo cual viola el correcto proceso.

El representante de Morena también desde una perspectiva procesal dijo que no se tiene acreditada la existencia del grupo GAP y que no está ligada a Morena. Además comentó que Morena no acepta la existencia de corrientes, ni de grupos.

Arturo Prida : El GAP existe

El representante del PRD, Arturo Prida, sostuvo que el GAP existe y sus principales representantes son Higinio Martínez, Delfina Gómez y Horacio Duarte. Sostuvo que se está frente a un evidente acto de corrupción ejecutado por Delfina Gómez y Alberto Martínez.

La Consejera Carla Humprey dijo que también se debe sancionar a quien era presidente de Morena en el Municipio de Texcoco quien recibió 20 mil pesos, así como a una empresa encargada del transporte.

En general los demás consejeros electorales en su intervención ratificaron lo dicho por sus compañeros. El presidente Lorenzo Córdova dijo que no existe un problema procesal pues los tiempos de investigación fueron los que tenían que ser y se debía probar de manera clara la desviación de recursos.