De 2 a 9 años de prisión a servidores públicos que cometan delitos electorales

delitos electorales

Toluca, México, 22 de marzo de 2015. Los delitos electorales de los servidores públicos se califican como conductas dolosas y se persiguen de oficio, por lo que el artículo 11 de dicha ley comprende  que la sanción en materia electoral federal contempla de 200 a 400 días multa, una pena privativa que puede ir de 2 a 9 años de prisión, y la inhabilitación del servidor para ejercer el servicio público hasta por 5 años.

En coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) inauguró el curso Prevención del Delito y Blindaje Electoral, dirigido a los servidores públicos de esta institución para que su actuación se oriente a la prevención, sanción y erradicación de los delitos electorales.

José Isunza, fiscal especializado en materia de Delitos Electorales de la PGJEM, encabezó el acto de inauguración,  donde destacó que se dará continuidad a los esfuerzos institucionales de promover el respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuir a una  cultura de la prevención. Refirió que este curso en el que participaron más de 50 servidores públicos, obedeció a que en este año se llevarán a cabo elecciones en el Estado de México y uno de los objetivos es prevenir que como servidores públicos se cometan delitos en materia electoral. Detalló que de acuerdo a las reformas electorales, los sanciones aplicadas a los delitos electorales en materia federal son iguales a las de materia estatal.

Durante los trabajos que se desarrollaron, el ponente José Rivera destacó que este año habrá elecciones concurrentes porque el 7 de junio se votará para renovar a los integrantes del Congreso, pero también en 17 estados del país se celebrarán elecciones locales para hobernador, diputados o alcaldes. Indicó que a partir de la creación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que se publicó el 23 de mayo del 2014, ésta aplica tanto para elecciones estatales como federales. De ahí la relevancia de que el servidor público conozca los delitos electorales, las sanciones, y evite incurrir en alguno de ellos, con motivo del proceso electoral 2014-2015.