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Magistrados del DF podrían haber cancelado la elección en el distrito 11 de Puebla, pero…

magistrados DF 2015 07 31 sala regional DF 01

Méx DF 31 de Julio.-  Hoy fue un día especial en la Sala Regional del Distrito Federal. Y es que el magistrado Héctor Romero Bolaños presentó un voto razonado que debe llamar la atención de todos los que tienen interés en la justicia electoral. El voto consiste en demandar la nulidad de la elección en el distrito 11 de Puebla porque se comprueba que los gastos indebidos del Partido Verde Ecologista si son, a su juicio, determinantes para anular la elección.

En un documento detallado expresa las razones por las cuales los magistrados deberían considerar que el modo en que el Partido Verde gastó recursos resulta determinante para influir en el voto de los electores y variar de forma ilegal el resultado de la elección.

Reproducimos a continuación la esencia del discurso del magistrado Héctor Romero, quien además fue el magistrado ponente en el juicio de inconformidad número 37 y su acumulado 44 del 2015, referentes a la elección del distrito 11 de Puebla.  La elección ahí fue ganada por el PRI y el Verde y el juicio de inconformidad lo presentaron el PAN y MORENA. A juicio del magistrado ponente la elección no debió confirmarse sino anularse y convocar a una elección extraordinaria.

Aún cuando el texto es muy grande vale la pena que el lector interesado tenga pleno conocimiento de él, pues permite conocer cómo a juicio de un magistrado se debía de haber sancionado al Partido Verde por gastar dinero de más en un proceso electoral y cómo, desde su punto de vista, se debió haber establecido la determinancia de la irregularidad en el resultado de la elección. Veamos las palabras del magistrado:

“Debe demostrarse que las violaciones fueron determinantes para el resultado de la elección, dice el magistrado Héctor Romero, y existir un nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado de los comicios. En el caso, quedó acreditado que las violaciones referidas fueron determinantes para el resultado de la elección.

“En ese tenor, debe tomarse en cuenta que la serie de irregularidades en que incurrió el Partido Verde, constituyeron violaciones sustanciales por contravenir principios rectores de los procesos electivos y en los casos en que ello se acredita, procede verificar si tal circunstancia afectó de manera determinante la elección controvertida con base en criterios cualitativos.

En términos cualitativos, como se ha dicho, las violaciones sustanciales y generalizadas que quedaron acreditadas en los diversos procedimientos sancionadores provocaron un claro quebrantamiento al principio de equidad en la contienda, al haber afectado el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 de la Constitución, pues el partido infractor contó con mayor acceso los tiempos de radio y televisión y entregó beneficios directos a la población en todo el territorio nacional.

Ello es, sin duda, una vulneración trascendente a los principios de legalidad, certeza y equidad de la contienda, pues su actuar sistemático y generalizado tenía como finalidad posicionarse en un mejor lugar frente a los electores, eso en contravención de los principios rectores que deben regir en el proceso electoral.

Por tanto, la elección se vio afectada por violaciones constantes al principio de legalidad y constitucionalidad, así como de equidad en la contienda y, en consecuencia, al de votaciones libres y auténticas y al de certeza en los resultados, de acuerdo con las irregularidades que analizaron y tuvo por acreditadas este Tribunal a través de sus Salas.

Entonces, la intervención indebida de factores publicitarios y entrega de beneficios directos que presumen presión en el electorado no permiten dotar de efectos a los sufragios emitidos en el día de la jornada electoral en el distrito electoral 11 del Estado de Puebla para elegir a los diputados federales correspondientes.

Ello, porque el proceso electoral se tornó inconstitucional, con lo cual no podría generar efecto válido alguno, sino que, por el contrario, probados esos extremos debe aplicarse, como consecuencia normativa, la privación de validez del acto o resolución que se encuentre viciado.

En ese contexto, la plena observancia de la normativa constitucional y de los parámetros de convencionalidad, obligan a las autoridades competentes, dentro de las cuales se encuentra, desde luego, este Tribunal Electoral, a garantizar cabalmente su aplicación, así como a sancionar los actos e incluso normas que las contravengan.

Ahora bien, para acreditar que una violación sustancial es determinante para el resultado de la elección, no es necesario precisar un número específico de ciudadanos que emitieron su voto a favor del Partido Verde como consecuencia directa de los actos ilegales que desplegó, pues ello sería contrario el principio de voto secreto, no es indispensable contar con un dato numérico para poder apreciar que las irregularidades acreditadas son graves y determinantes.

Así, la imposibilidad de establecer con certeza un número de ciudadanos que eligieron votar por el Partido Verde con base en los actos ilegales que realizó, no es obstáculo para estimar que dicho actos afectaron de forma determinante el proceso electivo, por constituir agresiones directas a los principios constitucionales que debieron respetarse para considerar que una elección es democrática y que los electores votaron libremente; lo que no acontece cuando se demuestran desequilibrios en el uso de los medios de comunicación, sobreexposición o entrega de beneficios directos a los ciudadanos, como ocurrió en la elección cuestionada.

Esto se hace más visible sí, con base en las conductas acreditadas se realiza una distribución de los elementos constitutivos de infracciones en cada uno de los distritos electorales federales. Así, si se tiene por acreditado que el Partido Verde entregó 600,000 boletos de cine en todo el país, durante el periodo de campaña, generando con ello la entrega de un beneficio directo a los ciudadanos con objeto de obtener su preferencia al momento de emitir su voto, ello, permite inferir que se entregaron aproximadamente 2000 boletos en el distrito; mismo número de personas que estuvieron en posibilidad de orientar el sentido de su voto con base en haber obtenido un beneficio directo proporcionado por el ilegal actuar del Partido Verde.

Este sólo hecho, daría por sentado una conducta que pondría en duda la certeza en el resultado, tomando en cuenta que la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar en la elección fue de 1822 votos.

Además, si el Partido Verde distribuyó 40,000 Kits escolares en los 300 distritos electorales, ello equivaldría a que en el distrito se entregaron aproximadamente 1333 de esos beneficios directos a los electores del distrito.

Asimismo, si dividimos, las 10,000 tarjetas Premia Platino que se distribuyeron en el territorio nacional, entre 300, que es el número de distritos que lo conforman, resultaría que alrededor de 33 personas del distrito impugnado se vieron beneficiadas por su distribución y pudieron otorgar su sufragio en favor del Partido Verde por haberlas recibido.

Lo mismo puede establecerse en relación a los 10,000 lentes graduados entregados a los ciudadanos, que implicaría que 33 personas en el distrito se vieron beneficiadas por ellos.

Lo anterior permite válidamente deducir que, aproximadamente, 3399 personas (cantidad que resulta de sumar el número de objetos entregados por el Partido Verde en el distrito de manera ilegal) pudieron verse influidos, por ese sólo hecho, para otorgar su voto al partido infractor, cifra que supera la diferencia existente entre los partidos que ocuparon el primer y segundo lugar en la preferencia electoral, que fue de 34471 votos.

Cabe destacar, que lo anterior únicamente hace referencia a las conductas irregulares calificadas como entrega de beneficios directos en contravención al artículo 209 párrafo 5 de la Ley Electoral. A dichas irregularidades se suman las calificadas como violatorias del modelo de comunicación social, que constituyeron una sobreexposición del partido en medios 71 Acta de cómputo distrital que obra en original a foja 41 del Tomo I del expediente SDF-JIN-37/2015. SDF-JIN-37/2015 y acumulado 278 masivos de comunicación, lo cual generó condiciones de desigualdad en la competencia electoral; irregularidades que quedaron acreditadas en las sentencias de la sala especializada y sala superior, consistentes en:  Difusión de 239,301 spots de televisión abierta y§ restringida, así como en una radiodifusora, durante setenta y dos días, en todo el territorio nacional, alusivos a los informes de labores de legisladores de su grupo parlamentario.  Difusión de promocionales denominados cineminutos§ en Cinemex y Cinépolis, en veintinueve estados de la República, así como la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas alusivas a logros del Partido Verde, desde septiembre de dos mil catorce a enero de dos mil quince.

Distribución de papel para envolver tortillas con el emblema del Partido Verde.  Difusión de promocionales en televisión abierta, en toda la República, relacionado con las frases “propuestas cumplidas”, “cumple lo que promete”, “lo que propone lo cumple” y “falta mucho por hacer”, en relación con las temáticas “vales de medicinas” y “entrega de lentes” en distintos medios entre enero y marzo de dos mil quince.

Entrega de cuatro millones de calendarios en los domicilios de los ciudadanos, mediante los cuales se difundieron logros del Partido Verde en temas como cuotas escolares, circo sin animales, el que contamina paga y cadena perpetua, durante la etapa de precampañas, como parte de la campaña sistemática, integral y continuada que alteró el modelo de comunicación política con impacto en todo el territorio nacional, por constituir una sobreexposición.

Divulgación de propaganda en once revistas de circulación nacional, mensajes de texto enviados a teléfonos móviles y redes sociales, durante el periodo de precampaña, alusiva a “Verde si cumple”, “Propuesta cumplida”, “Cumple lo que propone”, con sus diversas temáticas “cadena perpetua”, “circo sin animales”, “el que contamina paga” y “cuotas escolares”. Cabe resaltar que dichas conductas irregulares, en consideración de esta Sala Regional no son susceptibles de dividirse para verificar su impacto en el distrito controvertido, sino que debe entenderse que, de forma completa, tuvieron una repercusión en los electores del mismo, así como lo hicieron en el resto de los distritos del país, pues se transmitieron en el mismo momento tanto en el territorio del distrito como en el resto de la Nación, en las televisoras radiodifusoras que en cada una de las sentencias se precisó, en los tiempos que ahí se indicaron.

Además, debe tomarse en cuenta que en el Distrito 11 del Estado de Puebla el Partido Verde por sí solo, aportó 5122 votos a los obtenidos por la coalición parcial (27737 votos), sin los cuales ésta no hubiera obtenido el triunfo en la elección.

De manera que si estos votos se emitieron en un contexto que presume la violación a la libertad del sufragio, debe entenderse que ello fue de tal forma trascendente derivado de que la coalición obtuvo la mayoría de votos en ese distrito, derivado de la votación que le aportó el Partido Verde, sobre la cual existe la presunción legal de haber estado viciado, al haberse transgredido la autenticidad y libertad del sufragio.

En este aspecto, asiste razón a MORENA cuando subraya que si bien las conductas violatorias de la normativa se adjudicaron al Partido Verde, lo cierto es que el Partido Revolucionario Institucional, al participar en coalición para postular al candidato finalmente ganador, no actuó conforme al deber de cuidado que tenía de vigilar que no se transgrediera el marco jurídico.

Así, más allá de que se deslindara o no de las conductas infractoras, debió tomar medidas objetivas, razonables, útiles y necesarias para que éstas no se cometieran y al no hacerlo, obtuvo un beneficio indebido al allegarse de la votación que le sumó el Partido Verde.

EN CONCLUSION

En conclusión, con base en las circunstancias precisadas, para esta Sala Regional existen condiciones suficientes para tener por acreditada la causal genérica de nulidad de la elección, toda vez que en el caso se demostró la existencia de conductas irregulares desplegadas por el Partido Verde que constituyeron violaciones graves y sustanciales que, de forma sistemática y generalizada, viciaron el proceso electoral, desde su inicio y hasta, incluso, el día de la jornada electoral, por contravenir los principios de equidad, legalidad y constitucionalidad y, por consecuencia, el de certeza en los resultados, ante la transgresión de la libertad de sufragio de los electores y que, de forma determinante se acreditó.

Por tanto, lo procedente es declarar la nulidad de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa por el distrito electoral 11 del Estado de Puebla. Con ello se alcanza la pretensión de MORENA y, por tanto, es innecesario el estudio de los alegatos en los que hace referencia al rebase en el tope de gastos de campaña.

Como consecuencia de la declaración de nulidad de la elección, es procedente dar aviso a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que de conformidad con lo establecido en los artículos 63 párrafo primero y 77 fracción IV de la Constitución, 23 y 24 de la Ley Electoral, proceda a emitir la Convocatoria para la elección extraordinaria respectiva.

Asimismo al Consejo General para que en ejercicio de sus atribuciones organice el proceso electoral extraordinario correspondiente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 41 base VI, último párrafo, en los casos en que se actualice la nulidad de la elección, no podrá participar en la elección extraordinaria correspondiente la persona sancionada.

Con base en esa disposición constitucional, es procedente establecer que el Partido Verde no podrá participar en la elección extraordinaria que se celebre con motivo de la nulidad decretada, al haber sido la entidad infractora cuyos actos dieron origen a dejar sin efectos los resultados electorales correspondientes.

No es obstáculo para ello, que la citada normativa prescriba que no debe participar la persona sancionada, y en este caso, esa persona sea un partido político, pues esa disposición debe interpretarse en el sentido de que puede tratarse de una persona física o jurídica quien haya cometido las infracciones, pues, naturalmente, no podría tratarse únicamente de ciudadanos, ya que, como lo señala la Ley Electoral en el artículo 442, no únicamente los ciudadanos puedes ser infractores de la normativa electoral, sino que son sujetos de responsabilidad por ello múltiples personas, físicas y morales, entre ellos y, en primer lugar, los partidos políticos.”

Hasta aquí el texto del voto razonado del magistrado.

Al final se votó que sólo se anularan unas casillas, pero dentro del documento se pública íntegro el razonamiento del magistrado que vale la pena conocer a fondo. Quien habrá el siguiente enlace deberá pasar a la página 117 para conocer a detalle las razones del magistrado.

Quien habrá el documento desde un celular podría no poder leerlo. Si es el caso le aconsejamos hacerlo desde una computadora.

En el siguiente enlace se encuentra el dictamen de referencia:

SDF-JIN-0037-2015 podrían haber anulado eleccion en puebla