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En aras de privacidad no debe sacrificarse acceso a información

 

2016 02 19 Congreso EDOMEX foro transparencia

Toluca Méx. 19 de febrero.- Bueno se puso el foro sobre Transparencia y Acceso a la Información organizado por la Legislatura del Estado de México durante el cual surgieron dos especies de conclusión: por un lado dejar en claro la dificultad que cientos de municipios del país con menos de 70 mil habitantes tienen para cumplir con la norma; y por el otro la necesidad de equilibrar el derecho al acceso a la información con el derecho a la privacidad y la confidencialidad vigilando que no se contraponga.

El foro  “Retos y Perspectivas de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de México y sus Municipios”,  fue organizado por la diputada María Fernanda Rivera Sánchez, presidenta de la Comisión de Combate a la Corrupción de la LIX Legislatura mexiquense.

Al hacer uso de la palabra  Miguel Castillo Martínez, director de DAI & DATA Consultores, indicó que las grandes diferencias entre los más de 2 mil 400 municipios del país impiden un trabajo más organizado y parejo para cumplir las disposiciones de la Ley General

En un sentido parecido pero más a detalle el comisionado del Infoem, José Guadalupe Luna, se pronunció por la progresividad para construir el Sistema Nacional de Transparencia, considerando para el caso del Estado de México que solo 42 de 125 municipios, los que cuentan con más de 70 mil habitantes, pueden considerarse capaces de cumplir las disposiciones. Agregó que en este tema la norma resulta insuficiente, ya que “no se puede tratar igualmente a quienes son desiguales”.

En el Panel “Transparencia y Protección de Datos Personales”, moderado por el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la LIX Legislatura, Miguel Castillo Morales, el Director General de Normatividad y Consulta del INAI, Edgardo Martínez Rojas, señaló que una Ley de Acceso a la Información “debe contener un contrapeso que permita garantizar la confidencialidad de los datos personales frente a una solicitud de acceso a la información”. Y añadió: “la protección de datos personales y de acceso a la información pública son derechos independientes con objetivos diferentes”.

Sobre el mismo punto  el comisionado del Infoem, Javier Martínez Cruz, comentó que ambos derechos no se confrontan, toda vez que son complementarios, y que los órganos garantes están atendiendo la vigencia de las dos garantías.

“No vamos a sacrificar el acceso a la información pública en aras de la privacidad. Todo tiene una dimensión , dijo, y tenemos instrumentos que podemos utilizar para poder ponderar y encontrar el equilibrio o armonía entre los dos derechos que son fundamentales”.

El Panel “Sistema Nacional Anticorrupción y sus implicaciones con la Transparencia y la Rendición de Cuentas”, fue moderado por el vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle), Jorge Alberto Huizar Ríos. Ahí el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Víctor Manuel Andrade Martínez, explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una incidencia nacional, por lo que los sistemas locales anticorrupción servirán como órganos espejo y mecanismos de coordinación para el diseño y evaluación de políticas en la materia.

 

Federico Guzmán Tamayo, coordinador del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, se pronunció a favor de que el Infoem participe activamente en el Sistema Nacional de Transparencia, que se precisen los lineamientos para mejorar la clasificación, publicación y reserva de la información, conformar el catálogo de medidas de apremio que garanticen el cumplimiento de las solicitudes de información, homologar el lenguaje legal y precisar conceptos y principios como el de máxima publicidad, sujeto obligado, acceso a la información y otros, así como la homologación de plazos para cubrir peticiones de datos.

La comisionada del Infoem, Zulema Martínez Sánchez, señaló que la transparencia y la rendición de cuentas son temas culturales que no competen únicamente a las entidades públicas, por lo que los ciudadanos deben involucrarse activamente.