Nacional

Condenan violencia policial contra indígenas de Xochicuautla

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Toluca Méx. 12 de Abril.- El conflicto en la comunidad de San Francisco Xochicuatla escaló cuando elementos de la policía del Estado de México desalojaron por vía violenta a los habitantes que integrados en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, la cual afectará 138 hectáreas de bosque perteneciente a comunidades indígenas. Este día el dirigente estatal del PRD Omar Ortega Álvarez criticó duramente a las autoridades por el uso de la violencia institucional e hizo un llamado al Gobierno de Estado de México para que respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos 1117/2015 y el 1123/2015 que ordenan la suspensión definitiva de la obra.

El también diputado federal destacó que esos amparos no fueron obstáculo para que la empresa Teya, filial de grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, llevara a cabo el derribo de viviendas, donde incluso se señala que hubo agresiones contra adultos mayores.

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Diputado Federal Omar Ortega

“El Partido de la Revolución Democrática en el estado de México, dijo,  condena el uso de fuerza excesiva  que se llevó a cabo en la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en la que participaron cientos de elementos de la Policía Estatal quienes literalmente sitiaron el lugar. El PRDEDOMEX, manifiesta su total rechazo al uso indiscriminado de la fuerza en beneficio de intereses particulares y en franca violación a nuestro sistema jurídico”.

Relato del desalojo

Según narran integrantes del Frente de Pueblos indígenas alrededor de 600 policías del Estado de México entran a las 10:00 am del día 11 de abril de 2016, al pueblo San Francisco Xochicuautla, Estado de México. A dicha hora, suben por la calle Buenavista, Cuauhtémoc y la iglesia en dos camiones y ocho camionetas Pick Up. Posteriormente, rodean el campamento que la comunidad instauró en julio de 2015 para defender el bosque sagrado. A las 11:30 de la mañana encapsularon el campamento mencionado, en donde se encontraban en resistencia los defensores de la tierra, Antonio Reyes, Mauricio Reyes, Lucas Hernández y Andrés Hernández, miembros del Consejo Supremo Indígena Otomí. Dos de las personas indígenas, Antonio Reyes y Lucas Hernández, pertenecen al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras. Cabe subrayar que durante esta operación Lucas Hernández fue agredido verbalmente y fue amenazado de muerte por un elemento de la Coordinación Estatal de Seguridad de identidad aún desconocida.

A las 13:00 horas, el cuerpo policiaco ingresa al lugar conocido como El Castillo, propiedad de Armando García Salazar y golpearon a la defensora Isabel Fernández García, de 64 años de edad. Ambos defensores también son miembros del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras.

Fue 4 horas después del primer incidente que arribaron a la comunidad cuatro observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Después de que el 9 de julio de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto hubiera publicado un decreto de expropiación de 37-93-86 hectáreas pertenecientes a San Francisco Xochicuautla para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, la población consiguió una Suspensión Definitiva que ordenaba detener las obras y obligaba a las autoridades a respetar las tierras, concedido por el Juzgado V de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo del Estado de México (expediente 771/2015). El Estado mexicano está también obligado a proteger a los defensores de derechos, miembros de su propio mecanismo de protección. Sin embargo, este día irrumpió impunemente en el pueblo, agredió a personas indígenas y permitió a las máquinas continuar con las obras de construcción del proyecto carretero.

El origen del problema

El conflicto en la comunidad de San Francisco Xochicuatla inició en 2007, cuando junto con las comunidades de Huitzizilapan y Ayotuxco, integradas en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, se opusieron a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, la cual afectará 138 hectáreas de bosque perteneciente a los tres pueblos. En 2013, una Asamblea de Comuneros llevada a cabo de manera ilegal aprobó el cambio de uso de suelo en las tierras de Xochicuautla. Sin embargo, ésta se revocó en 2014 mediante un juicio de amparo. No obstante esto, los trabajos de construcción continuaron, lo que ha provocado distintos enfrentamientos en la comunidad y la detención de once compañeros en 2013 y de ocho, en 2014. A pesar de que el 9 de julio de 2015 el Ejecutivo federal publicó un decreto de expropiación  de tierras para la construcción de la autopista, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y la comunidad de San Francisco Xochicuautla continúan en digna resistencia.

Las peticiones de los otomíes

Finalmente el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que, con fundamento en los artículos 1, 2, 6, 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como la Ley para Protección de Personas Defensoras y Periodistas, brinde la más alta protección a la integridad, la vida y el territorio de las personas indígenas del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla.

Versión del gobierno antes del desalojo.

Unas horas antes del desalojo, el gobierno del Estado de México comunicó que todos los problemas legales se habían resuelto y por tanto se iniciarían las obras de construcción de la autopista.

Desde Lerma “el Sistema de Autopistas del Estado de México (SAASCAEM) informó del inicio de trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, en el tramo que comprende los kilómetros 16 al 19, dentro de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, una vez que fueron definidas todas las actuaciones legales pertinentes, a fin de ejecutar conforme a derecho de posesión un predio ejidal expropiado en junio de 2015”.

“Este era el único frente de obra que faltaba por comenzar, explicó Carlos Partida, director del SAASCAEM, quien agregó que las obras se habían pospuesto en este punto para atender los recursos legales interpuestos por algunos comuneros de la zona; sin embargo, una vez atendidos dichos procedimientos, las autoridades asumieron la posesión del terreno para comenzar las obras”.

“Explicó que todas las garantías de audiencia fueron respetadas, y se pudo continuar con el proceso expropiatorio para concretar la vialidad que conectará a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Valle de México, que será detonante del desarrollo económico y social de ambas regiones, que estarán conectadas en un máximo de 40 minutos”.

“La autopista Toluca-Naucalpan, dijo Carlos Partida, es una vía de cuota que construye el Sistema de Autopistas, misma que tendrá una longitud de 39 kilómetros, se conectará con la autopista La Venta-Chamapa, a fin de canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente del Estado de México, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, para encauzarlo al norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México”.

“Representa una inversión de 7 mil 200 millones de pesos, y durante el proceso de edificación de la misma se han cuidado todos los derechos y garantías de las comunidades otomíes de la región”. concluyó