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Etnias ya tienen defensor de oficio en materia electoral

2016 04 29 TEPJF Oaxaca
En Oaxaca se realiza un foro donde magistrados hablan sobre la justicia electoral a las etnias

Oaxaca Méx. 28 de abril.-  A partir de ahora y en todos los procesos electorales, las comunidades indígenas que decidan postular a uno de sus integrantes como candidato a puestos de elección popular contarán, si así lo requieren, con defensores de oficio que de forma gratuita les ayudarán a caminar por los difíciles pasillos técnicos de la justicia electoral.

La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas se encuentra adscrita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su funcionalidad será puesta a prueba en una de las entidades federativas en donde más presencia tienen las etnias como es el Estado de Oaxaca.

Precisamente, durante un evento celebrado en esta entidad federativa, Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para darse una dimensión del reto, informó que durante los últimos 10 años, el Tribunal Electoral ha resuelto 2 mil 434 asuntos relacionados con la protección de los derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas, sin que éstas tuvieran asegurado el derecho a una defensa adecuada y con ello, todas las garantías que demandan el debido proceso y el acceso a la jurisdicción del Estado. Esto, entre otras razones, motivó la creación de la Defensoría.

Calificó al hecho como un peldaño relevante en el desarrollo institucional de nuestro orden jurídico nacional que permitirá cumplir con la reivindicación democrática de las comunidades y los pueblos indígenas y contribuirá a la equidad en los procesos electorales.

El magistrado Carrasco Daza destacó que se tomó la decisión de hacer la presentación de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas en Oaxaca porque de los 570 municipios que componen el Estado, 417 se rigen por sistemas normativos internos y más de la mitad de la población se auto adscribe indígena.

La Defensoría Pública Electoral, dirigida por la Dra. Janine Otálora Malassis, se compondrá de 5 defensores que fueron electos a partir de un proceso de selección, al que se registraron mil 273 personas, de las cuales se recibió la documentación completa de 357 participantes, quienes fueron calificados por un Comité Evaluador encabezado por el juez interamericano, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Juan Manuel Sánchez Macías, presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, indicó que poner en marcha la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas es benéfica no sólo para las comunidades, sino para la sociedad en general, “ya que nos alimentaremos de la riqueza y conocimiento de los pueblos, ya que las comunidades han dado muestras a nivel nacional e internacional de toda la riqueza cultural que se tiene”.

El magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez, presidente del Tribunal Electoral de Oaxaca, destacó la labor de la Sala Superior y de la Sala Regional Xalapa del TEPJF en la instauración de nuevos criterios en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. “Se han considerado las condiciones de desigualdad o desventaja y se ha garantizado la tutela judicial electoral”.

Adelfo Regino Montes, encargado de los Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, indicó que la Defensoría será ejemplo de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. “Será la institución que llevará a la vanguardia el ejercicio y el respeto de los derechos de las comunidades, en particular de los derechos políticos-electorales en el contexto nacional”.

Por su parte, Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mencionó que la Defensoría materializa la pieza clave para maximizar los derechos para pueblos y comunidades indígenas, “ya que el camino a seguir para llegar a la adecuada protección indígena es fortalecer las instituciones y que haya coordinación entre las mismas”.

En su oportunidad, Janine Otálora Malassis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, expuso que “Uno de los aspectos más sensibles de la actividad de la Defensoría es la necesidad de paliar situaciones de desventaja económica y geográfica y la consiguiente obligación de acrecentar la condición de servicios de asistencia jurídica gratuita en materia electoral. En consecuencia, la Defensoría Pública Electoral reconoce la necesidad de eliminar los obstáculos que atraviesan las comunidades indígenas, posibilitando en todo tiempo su acceso a tribunales para obtener la defensa de sus derechos político-electorales”.