A partir de ahora, LX legislatura calificará gastos de gobernador y alcaldes

Los diputados de la LX Legislatura del Estado de México tomaron dos decisiones que podrían ser trascendentales para la vida política del Estado de México: la primera es que se regresa al congreso la posibilidad de calificar y sancionar al gobernador del Estado de México, a los integrantes de su equipo, a los directivos de organismos auxiliares y a los integrantes de los ayuntamientos por cometer actos de corrupción.

La segunda decisión tiene que ver con haber aprobado una reforma constitucional, aspecto que no había sucedido desde el inicio de los trabajos de la LX Legislatura. Y esto es trascendental pues abre la puerta a una lista de reformas constitucionales que se han propuesto por diversos partidos políticos, pero que en este momento están en comisiones.

Ya en el tema de la reforma constitucional que regresa a los legisladores la posibilidad de calificar los gastos del gobierno estatal y municipios, esta iniciativa fue aprobada. En el cuerpo de la exposición de motivos se dice:

“La importancia de retomar con fuerza y vigor el instrumento más importante de fiscalización, creemos, permitirá mejorar la rendición de cuentas y, también, dar pauta a la adecuación del marco normativo que establezca el proceder jurídico en tanto a la asignación de presupuesto, como al fincamiento de responsabilidades por el manejo indebido de recursos de los mexiquenses”.

Al aprobarse por unanimidad que el Poder Legislativo vuelva a calificar las cuentas públicas estatal y de los municipios, el diputado morenista Tanech Sánchez Ángeles afirmó que la rendición de cuentas es obligada e indispensable para cualquier gobierno que se presuma democrático, ya que así se disminuye la corrupción, la malversación de los recursos y el uso de los bienes públicos para beneficio privado”.

El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la LX Legislatura sostuvo que esta reforma a la Constitución Política estatal para devolver a la Legislatura esa facultad permitirá sentar las bases para un control presupuestal claro y oportuno, ajeno a toda motivación política o de grupo.

Agregó que en lo que va de este siglo viene consolidándose un proceso de democratización con elecciones libres y competidas, así como con una mayor participación política y ciudadana, “sin embargo, los procesos efectivos de rendición de cuentas han sido deficientes. A los ojos de la ciudadanía esta percepción se hace más evidente en los gobiernos estatales”, de tal manera que era necesario emprender esta reforma

Reconocemos que el recibir, revisar y fiscalizar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios es facultad única de la Legislatura, consagrada en nuestra Constitución local. Pero también, en el análisis de las iniciativas, coincidimos en que el hecho de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realice el trabajo técnico y rinda a la Legislatura un Informe de Resultados de la fiscalización de las cuentas públicas, no debe significar que ese Órgano supla la facultad exclusiva que le corresponde a la propia Legislatura para revisar las cuentas públicas.

La reforma constitucional es producto de una serie de iniciativas presentadas por diputados de morena, el PAN y el PRD, así como de observaciones realizadas por el PT. En el texto de la exposición de motivos se dice: “Por ello, también creemos, como los Grupos Parlamentarios que presentan iniciativas coincidentes que es indispensable construir verdaderos equilibrios, regresar a la Legislatura la facultad de calificar las cuentas públicas para, una vez aprobadas o no por el Pleno, concluir con el proceso de revisión de dichas cuentas públicas”.

La reforma constitucional dará paso a una serie de reformas a leyes secundarias que seguramente se discutirán en los próximos días.

La reforma que hoy se aprueba corrige una de las distorsiones legislativas históricas que existen en el Estado de México, pues durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto los legisladores, de mayoría priista en esos tiempos, le quitaron al Congreso la posibilidad de calificar la cuenta pública. Esta irregularidad permaneció durante todo el gobierno de Eruviel Avila y el primer año de Alfredo del Mazo.