El Estado y el patrocinio

¿Debe el Estado patrocinar la producción de los artistas? ¿se debe destinar dinero público, ese que pagamos todos los contribuyentes, para apoyar las actividades artísticas?

Estas pregunta surgen como un tema de fondo ahora que la senadora Jesusa Rodríguez ha señalado que las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes deben desaparecer. Pero antes de empezar vale la pena señalar la incongruencia del señalamiento:

“en este momento, que es el inicio de un cambio de régimen, no solo los artistas, también los académicos, los científicos, los empresarios, los políticos tenemos que aguantar y bajarle a nuestros privilegios, aguantar sin privilegios”, dijo la senadora

Antes de percibir el salario correspondiente, del erario, como senadora en torno a la desaparición de las becas, en 2013 (con Marcela Rodríguez, su hermana compositora) “lograron llevar a escena la ópera Las cartas de Frida […] en Alemania […] gracias a un proyecto de coinversionres del Fonca”, o la ópera El día que María perdió la voz en 2018 con ese mismo dúo, como señala El Universal. En fin, el pasado juzga sin palabras.

Veamos. En primera instancia un artista que solo produce en aras de conseguir una beca o estímulo o subvencion está más cerca de ofrecer un servicio o un producto como si fuese un comerciante. Si ese es el perfil de dicho “artista”, entonces su constitucion es mucho mas cercana a la de una empresa, con contribuciones fiscales que implican. No es que haya un problema en vender una obra artística, pero sí hay una contradicción ética en solicitar dinero público que no necesita, aun cuando por el dinero público puedan concursar todos los ciudadanos.
Por otro lado, tanto el arte como la cultura, ya sea de raigambre popular o de alta alcurnia, si es que esas diferencia son sustentadas, se convierten en parte del patrimonio de un país. Shakespeare es, primero, patrimonio inglés, después universal. Lo mismo pasa con Frida Kahlo o Mozart o Picasso, por poner ejemplo muy obvios.
Entonces, ya que arte y cultura son parte de un patrimonio nacional no hay argumento que impida promoverlos con el dinero publico.
Así, pues, en toda política pública, anterior o posterior a la cuarta transformación, su pertinencia consiste en ser congruente y transparente.

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