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Para reactivar economía es necesario quitar trabas a formalizar negocios, advierte diputada del PVEM

Toluca de Lerdo, México, 16 de agosto. Debido a la situación que vive el país cada día es más difícil abrir un negocio o emprender una actividad empresarial lo cual abona al comercio informal. Ante ello el Partido Verde Ecologista a través de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón hizo un llamado a las autoridades de desarrollo económico para que quieten las trabas para fomentar la formalización de los negoción.

La diputada del Verde habló de las dificultades que el sector informal enfrenta, por lo que recordó la obligación de las autoridades de reactivar la economía, proteger el empleo y fomentar la formalización mediante programas como el de microcréditos. Sin embargo, las trabas burocráticas, errores técnicos y poca difusión de las plataformas obstaculizan esta tarea, afirmó.

En consecuencia propuso al Congreso del Estado de México, exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad a que implemente políticas públicas que impulsen la formalización de negocios, la incorporación de emprendimientos y trabajadores independientes a programas de capacitación y financiamiento del gobierno estatal, así como  la cultura de la formalidad laboral y económica entre la población mexiquense.

El punto de acuerdo, presentado en nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, solicita también que la  Secretaría informe a la Legislatura sobre el número de convenios celebrados con dependencias federales y municipios para garantizar la adecuada operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de México (Sareméx) y que, mediante campañas dirigidas a la ciudadanía, promueva su uso como herramienta facilitadora de la apertura de negocios formales.

La propuesta de exhorto, remitida a la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, señaló que la economía informal merma la capacidad recaudatoria de los gobiernos debido a la evasión fiscal y que es posible reducirla con acciones legislativas, regulatorias y políticas públicas que atiendan el problema desde las perspectivas laboral, fiscal y de seguridad social.