Autor: Lector 24

Toluca, México, 15 de agosto. Legisladores del PT y el PES presentaron este día dos iniciativas de ley. Una para regular la designación y remoción de los directivos del Congreso, y otra para limitar la capacidad de compra de propiedades por parte de los Ayuntamientos, evitando que hagan adquisiciones en los últimos seis meses de su respectiva administración.

En primer lugar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), la legisladora María de Lourdes Garay Casillas presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para establecer que las solicitudes de enajenación de bienes que los ayuntamientos presenten durante el último año de su periodo a la Legislatura solo podrán autorizarse hasta seis meses antes de que concluyan su gestión.

La legisladora explicó que “ha sido una constante que algunos ayuntamientos, al término de sus periodos constitucionales, solicitan a esta soberanía disponer de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal para hacer frente a compromisos que pudieron ser planeados con anticipación”.

Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y Administración para su estudio y dictamen, la propuesta señala que si bien los cabildos gozan de autonomía constitucional para disponer y administrar sus recursos, también lo es que en la nueva normatividad y apegados a los principios de la Cuarta Transformación se han establecido mecanismos para evitar prácticas irresponsables en el manejo financiero, así como el sobreendeudamiento de los ayuntamientos, en aras de fortalecer la responsabilidad en esta materia.

Por lo anterior, concluyó, se hace necesario que, en la víspera de la conclusión del ejercicio de las autoridades municipales, se garantice al menos en los 180 días previos a la entrada en funciones de las nuevas autoridades que no medien solicitudes ante el Congreso para disponer de bienes muebles o inmuebles que puedan provocar una modificación al patrimonio del municipio.

Congreso debe hacer más ágil nombramiento y remoción de sus funcionarios, propone el PT

Por su lado, el diputado por el Partido del Trabajo Luis Antonio Guadarrama sostuvo para evitar que se repitan casos como el del ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) que tardó mucho tiempo en removerse, se propone facultar a la Junta de Coordinación Política a iniciar el procedimiento de remoción durante los primeros cinco días posteriores a que lo solicite la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador.

Luis Antonio Guadarrama precisó que, como parte del proceso, el derecho de audiencia del titular deberá celebrarse en un plazo no menor a cinco días ni mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de citación.

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo —turnada a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales— incluye establecer que los titulares de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección General de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos sean nombrados y removidos libremente por la Asamblea, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Agrega que, en lo que concierne a su organización interna, la Legislatura tiene las atribuciones necesarias para contar y crear las dependencias y órganos técnicos para la ejecución de las responsabilidades y atribuciones que tiene encomendadas constitucionalmente.

Visto así, continúa, se estaría en condiciones de superar la inmovilidad técnica-administrativa en la que no pocas veces se ha visto inmersa la Legislatura para renovar a sus propias instituciones, en un ambiente de respeto y responsabilidad pública.

Después de esta exposición, su compañero de bancada Javier González Zepeda, quien refrendó la necesidad de evitar casos como el del OSFEM, por lo que sugirió otros movimientos de funcionarios, entre ellos, del titular de la Dirección General de Comunicación Social.

Toluca, México, 15 de agosto de 2019.- A partir de este día recibirán severas sanciones quienes publiquen, difundan o exhiban por cualquier medio tecnológico de comunicación imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica sin el consentimiento de o las personas implicadas. La pena se agravará a cárcel de 15 años cuando la víctima sea menor de edad o posea alguna discapacidad para comprender la naturaleza del hecho.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad por las y los diputados de la LX Legislatura del Estado de México, lo cual significa que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Sin embargo se debe aclarar que hubo legisladores de Morena que se opusieron no al fin, sino al lenguaje usado dentro de la norma. En nota aparte, tratamos el tema de quienes se abstuvieron.

Las reformas avaladas en sesión del Tercer Periodo Ordinario establecen, en primer término, que cuando se revele este tipo de contenido sin la anuencia de la víctima se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización (UMA).

Para hablar del tema, uso de la palabra por Morena las diputadas Karina Labastida Sotelo quien señaló que esta nueva legislación se inscribe también dentro del esfuerzo por combatir la violencia de género en el Estado de México.

Estas sanciones aumentarán hasta una mitad cuando el sujeto activo sea o haya sido el cónyuge, concubina o concubinario o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva, de confianza, laboral o análoga con la víctima, o haya cometido la conducta con fines lucrativos o haciendo uso de su calidad de servidor público. Este delito se perseguirá por querella de la parte de la ofendida.

El dictamen también establece que a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica bajo la amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento material de la misma naturaleza que previamente la víctima le haya compartido o que haya obtenido por cualquier otro medio, se le impondrán de tres a siete años de prisión y multa de 200 a 400 UMA.

Al leer el dictamen en la tribuna parlamentaria, la diputada proponente Karina Labastida señaló que las sanciones aumentarán hasta el doble cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento. En este caso el delito será perseguido de oficio.

Toluca, Méx. – 14 de agosto. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, volvió a tocar este día el tema de la designación del auditor de la UAEM y envió un mensaje a los legisladores mexiquenses: “no tememos esta designación porque una característica del quehacer universitario cotidiano es la verificación y la revisión exhaustiva del dato correcto”.

El rector habló este día durante el informe del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ante estudiantes y maestros: solicitó a la Legislatura local designar para la institución un contralor experimentado en temas administrativos y legales, que privilegie la objetividad por encima de las ideologías, capaz de concertar y cumplir una agenda clara que satisfaga las expectativas de los mexiquenses y los universitarios y, sobre todo, que sea una persona con una trayectoria ética intachable.

Sería deseable que el poder legislativo elija a un auditor bajo una convocatoria amplia y de reglas transparentes, en aras de la ética política y la autonomía constitucional que aún se tiene, agregó.

Ante el ex gobernador y profesor emérito de la UAEM, Ignacio Pichardo Pagaza, habló también a favor de la reforma al artículo tercero constitucional, que impulsa una educación superior gratuita y de acceso universal. “Pienso que debemos apoyar sin restricciones el nuevo modelo federal, porque sus metas de educación superior coinciden plenamente con nuestro ideal y compromiso histórico”.

En ese sentido, refirió que con la propuesta de extender la cobertura educativa a todos los jóvenes, se deben impulsar nuevos modelos y programas de formación profesional, acompañados de un esquema innovador que atienda las demandas añejas de la sociedad y que garantice la suficiencia de recursos para la masificación de la docencia y la investigación de calidad mundial.

“El aumento de la matrícula solo es viable bajo criterios de mesura e inteligencia. Creo y deseo que de esta conversión surja un patrón financiero firme y transparente, con un tipo de administración sólida y perdurable donde el yerro de los individuos incapaces y deshonestos no sea pagado por nuestras comunidades”.

Alfredo Barrera Baca reconoció los logros del tercer año de administración de Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, al impulsar la reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología, lo cual demuestra su congruencia con las políticas educativas del gobierno y la propia institución.

Marco Aurelio Cienfuegos destacó el impulso a la investigación en la Facultad, a través de 12 cuerpos académicos y ocho redes de investigación, así como la movilidad estudiantil, la capacitación y profesionalización constante de los docentes de ese organismo académico.

Toluca, México, 13 de agosto de 2019. Diputados de la LX Legislatura del Estado de México coincidieron este día en que la renuncia del auditor no es suficiente para garantizar un buen trabajo en la vigilancia de las finanzas públicas, sino se requiere cambiar muchas reglas que existen en la actualidad y permiten que los recursos públicos no sean manejados bien.

El tema de la renuncia del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, así como de su substituto, fue uno de los temas que atrajo la atención en la LX Legislatura mexiquense. Se realizaron dos reuniones: una del pleno para conocer de la renuncia y otra de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización para iniciar el procedimiento de substitución.

Al término de la sesión en la cual el Pleno de la 60 Legislatura mexiquense recibió y envió a comisiones la solicitud de licencia, la comisión legislativa se declaró en sesión permanente para nombrar al encargado temporal del órgano mientras se designa al nuevo titular.

Gabriel Gutiérrez Cureño (morena) afirmó que la sustitución del auditor debe implicar la transformación profunda del OSFEM, consistente en una reorganización administrativa; renovación y depuración del personal, de los procedimientos y de las prácticas, y una reforma legal que institucionalice la aspiración de los mexiquenses de terminar con la corrupción en todos los niveles de la administración pública estatal.

L renovación debe significar la incorporación, en la vida pública de la entidad, de las políticas de la Cuarta Transformación sintetizadas en la consigna de ‘no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’, pues por eso votó la ciudadanía, dijo el diputado por Ecatepec.

Gutiérrez Cureño llamó a no olvidar que el sistema político y gubernamental mexiquense es uno de los que tiene las prácticas más corruptas y una percepción de la corrupción que está entre las más elevadas del país, lo que ha limitado el crecimiento y la inversión en la entidad. Precisó que la impunidad de la que goza la clase política mexiquense explica su divorcio de la comunidad.

El diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, también de morena, calificó lo acontecido como “un hecho histórico” con el que se confirma el compromiso de los diputados de morena de entregar cuentas claras al pueblo. Reconoció la labor del diputado Tanech Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia del ÓSFEM durante este proceso.

Asimismo, el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna, del PT, solicitó una reestructuración profunda del OSFEM, ya que no solo se trata de cambiar al auditor, sino de modificar el método de operación del órgano y la forma en que se realizan las auditorías. “El problema no está en el auditor, no está en la persona, está en cómo se hacen las cosas”.

Del PAN, el diputado José Antonio García García celebró el hecho, en nombre de su bancada, y señaló que se logró el consenso de todos los partidos políticos con el propósito de fortalecer las auditorías en el ámbito municipal, estatal y federal. “Cuentas claras es lo que exige la ciudadanía y lo que exigimos todos los que estamos aquí”, añadió.

“Que este tema no sea solamente del auditor, hay muchos temas pendientes. A nosotros en particular, y lo digo claro, el tema de comunicación social nos llama la atención. No nos quedemos en un solo órgano. Tenemos que revisar toda la estructura porque entonces estamos dejando las cosas empezadas y nomás con los que nos conviene”, dijo el legislador.

El diputado Tanech Sánchez coincidió en que se debe reestructurar el órgano de fiscalización con un proceso más profundo que el solo cambio del auditor, un cambio de métodos, informes, procedimientos y discusión dentro de las comisiones. “Vamos por buen camino; este un primer paso sustantivo para este proceso de reestructuración”, precisó.

Coincidió en que es necesario cambiar la ley de fiscalización actual, que se fortalezca y que forme parte de ella la rendición de cuentas. Señaló, además, que la transparencia en el proceso de sustitución del auditor le dará legitimidad.

Los diputados Azucena Cisneros Coss, Valentín González Bautista, Jorge García Sánchez y Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, de morena; Iveth Bernal Casique, del PRI; Francisco Rodolfo Solorza Luna, del PT, y Juan Carlos Soto Ibarra, calificaron como un paso importante la renuncia del auditor superior y que será un precedente histórico para que de aquí en adelante se vigilen los recursos públicos con transparencia y rendición de cuentas.

La comisión elaboró un dictamen sobre la renuncia del auditor superior, en la que manifestó su aprobación por unanimidad y que será enviada a la Junta de Coordinación Política y a la presidencia de la Legislatura.

Toluca, México, 13 de agosto de 2019. El gobernador del Estado de México insistió este día en que la LX Legislatura mexiquense le autorice a pedir prestados a nombre del pueblo un total de 1900 millones de pesos, los que se sumarían a los más de 43 779 millones que actualmente se adeudan.

En su propuesta de iniciativa el gobernador Alfredo del Mazo sostiene que de los financiamientos que se plantea contratar, mil 266 millones 660 mil pesos se destinarían para fortalecer el sector comunicaciones y elevar la competitividad de la entidad con mejoras a la movilidad y a la economía, y 633 millones 340 mil pesos serían para fortalecer la infraestructura hidráulica y la obra pública.

De acuerdo con la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al financiamiento mencionado, el monto para el servicio de la deuda bajo los términos contratados hasta su total liquidación, además de que el monto autorizado podrá ser ejercido por el estado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según lo requiera.

Se solicita además que se autorice al gobernador a que, mediante la Secretaría de Finanzas, suscriba o modifique los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, mandatos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar los financiamientos, los cuales deben contratarse con instituciones del Sistema Financiero Mexicano y tendrán un plazo de pago hasta de 25 años.

La Iniciativa fue remitida a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para su dictamen.

Esta es la tercera ocasión que el gobernador pide que el congreso le autorice un crédito. En meses pasados había solicitado más de 40 mil millones de pesos pero los legisladores mandaron a la congeladora la petición.

Hasta el momento las y los diputados no han expresado una postura pública sobre el tema, pero hasta donde se sabe se está en contra del incremento de la deuda. El gobernador sostiene que la deuda es manejable, pero la política de las y los diputados de Morena ha sido la austeridad. Este tema seguirá abierto las próximas semanas.