Toluca, México, 15 de agosto. Legisladores del PT y el PES presentaron este día dos iniciativas de ley. Una para regular la designación y remoción de los directivos del Congreso, y otra para limitar la capacidad de compra de propiedades por parte de los Ayuntamientos, evitando que hagan adquisiciones en los últimos seis meses de su respectiva administración.
En primer lugar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), la legisladora María de Lourdes Garay Casillas presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para establecer que las solicitudes de enajenación de bienes que los ayuntamientos presenten durante el último año de su periodo a la Legislatura solo podrán autorizarse hasta seis meses antes de que concluyan su gestión.
La legisladora explicó que “ha sido una constante que algunos ayuntamientos, al término de sus periodos constitucionales, solicitan a esta soberanía disponer de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal para hacer frente a compromisos que pudieron ser planeados con anticipación”.
Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y Administración para su estudio y dictamen, la propuesta señala que si bien los cabildos gozan de autonomía constitucional para disponer y administrar sus recursos, también lo es que en la nueva normatividad y apegados a los principios de la Cuarta Transformación se han establecido mecanismos para evitar prácticas irresponsables en el manejo financiero, así como el sobreendeudamiento de los ayuntamientos, en aras de fortalecer la responsabilidad en esta materia.
Por lo anterior, concluyó, se hace necesario que, en la víspera de la conclusión del ejercicio de las autoridades municipales, se garantice al menos en los 180 días previos a la entrada en funciones de las nuevas autoridades que no medien solicitudes ante el Congreso para disponer de bienes muebles o inmuebles que puedan provocar una modificación al patrimonio del municipio.
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Por su lado, el diputado por el Partido del Trabajo Luis Antonio Guadarrama sostuvo para evitar que se repitan casos como el del ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) que tardó mucho tiempo en removerse, se propone facultar a la Junta de Coordinación Política a iniciar el procedimiento de remoción durante los primeros cinco días posteriores a que lo solicite la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador.
Luis Antonio Guadarrama precisó que, como parte del proceso, el derecho de audiencia del titular deberá celebrarse en un plazo no menor a cinco días ni mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de citación.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo —turnada a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales— incluye establecer que los titulares de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección General de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos sean nombrados y removidos libremente por la Asamblea, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Agrega que, en lo que concierne a su organización interna, la Legislatura tiene las atribuciones necesarias para contar y crear las dependencias y órganos técnicos para la ejecución de las responsabilidades y atribuciones que tiene encomendadas constitucionalmente.
Visto así, continúa, se estaría en condiciones de superar la inmovilidad técnica-administrativa en la que no pocas veces se ha visto inmersa la Legislatura para renovar a sus propias instituciones, en un ambiente de respeto y responsabilidad pública.
Después de esta exposición, su compañero de bancada Javier González Zepeda, quien refrendó la necesidad de evitar casos como el del OSFEM, por lo que sugirió otros movimientos de funcionarios, entre ellos, del titular de la Dirección General de Comunicación Social.
