PES pide controlar más las compras de los Ayuntamientos, sobre todo al final de la administración.

Lourdes Garay Casillas. PES

Toluca, México, 15 de agosto. Legisladores del PT y el PES presentaron este día dos iniciativas de ley. Una para regular la designación y remoción de los directivos del Congreso, y otra para limitar la capacidad de compra de propiedades por parte de los Ayuntamientos, evitando que hagan adquisiciones en los últimos seis meses de su respectiva administración.

En primer lugar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), la legisladora María de Lourdes Garay Casillas presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para establecer que las solicitudes de enajenación de bienes que los ayuntamientos presenten durante el último año de su periodo a la Legislatura solo podrán autorizarse hasta seis meses antes de que concluyan su gestión.

La legisladora explicó que “ha sido una constante que algunos ayuntamientos, al término de sus periodos constitucionales, solicitan a esta soberanía disponer de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal para hacer frente a compromisos que pudieron ser planeados con anticipación”.

Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Legislación y Administración para su estudio y dictamen, la propuesta señala que si bien los cabildos gozan de autonomía constitucional para disponer y administrar sus recursos, también lo es que en la nueva normatividad y apegados a los principios de la Cuarta Transformación se han establecido mecanismos para evitar prácticas irresponsables en el manejo financiero, así como el sobreendeudamiento de los ayuntamientos, en aras de fortalecer la responsabilidad en esta materia.

Por lo anterior, concluyó, se hace necesario que, en la víspera de la conclusión del ejercicio de las autoridades municipales, se garantice al menos en los 180 días previos a la entrada en funciones de las nuevas autoridades que no medien solicitudes ante el Congreso para disponer de bienes muebles o inmuebles que puedan provocar una modificación al patrimonio del municipio.

Alfonso Guadarrama. PT

Congreso debe hacer más ágil nombramiento y remoción de sus funcionarios, propone el PT

Por su lado, el diputado por el Partido del Trabajo Luis Antonio Guadarrama sostuvo para evitar que se repitan casos como el del ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) que tardó mucho tiempo en removerse, se propone facultar a la Junta de Coordinación Política a iniciar el procedimiento de remoción durante los primeros cinco días posteriores a que lo solicite la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador.

Luis Antonio Guadarrama precisó que, como parte del proceso, el derecho de audiencia del titular deberá celebrarse en un plazo no menor a cinco días ni mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de citación.

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo —turnada a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales— incluye establecer que los titulares de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección General de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos sean nombrados y removidos libremente por la Asamblea, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Agrega que, en lo que concierne a su organización interna, la Legislatura tiene las atribuciones necesarias para contar y crear las dependencias y órganos técnicos para la ejecución de las responsabilidades y atribuciones que tiene encomendadas constitucionalmente.

Visto así, continúa, se estaría en condiciones de superar la inmovilidad técnica-administrativa en la que no pocas veces se ha visto inmersa la Legislatura para renovar a sus propias instituciones, en un ambiente de respeto y responsabilidad pública.

Después de esta exposición, su compañero de bancada Javier González Zepeda, quien refrendó la necesidad de evitar casos como el del OSFEM, por lo que sugirió otros movimientos de funcionarios, entre ellos, del titular de la Dirección General de Comunicación Social.

Diputadas de Morena se inclinan por erradicar el término “pornovenganza” y usar el de “Violencia Digital”

Diputada Beatriz García

Diputadas de la Fracción de Morena explicaron este día el motivo por el cual se abstuvieron al votar las reformas que sancionan el uso de imágenes sexuales por medio de internet sin el consentimiento de las personas. En síntesis están de acuerdo en el fin de la ley, pero no en el lenguaje usado en la iniciativa de ley, al cual calificaron de riesgoso.

De entrada se oponen al uso del término “pornovenganza” pues el mismo afecta a las víctimas, como si ellas hubiesen intentado de manera intencional hacer pornografía cuando no es así. Las diputadas que se abstuvieron de votar se inclinan por usar un término aceptado entre la sociedad civil que ha resultado afectada y es “Violencia Digital”.

Durante la sesión de la LX Legislatura, la diputada Beatriz García Villegas hizo uso de la tribuna y anunció su voto en abstención. Después de la sesión, la legisladora publicó en redes el siguiente comentario: “Hoy en la Cámara del Estado de México manifesté mi voto en abstención frente a la iniciativa presentada por la diputada Karina Labastida, en cuanto a lo que denominó “pornovenganza” para referirse a la violencia digital contra las mujeres. Les comparto el porqué del sentido de mi voto”.

Y en efecto, la legisladora de Morena, por el distrito de Amecameca, durante la sesión dijo lo siguiente:

“Desde la Cámara Federal, se ha declarado la violencia de género contra las mujeres como una emergencia de carácter nacional. El Estado de México es una de las entidades con mayores índices de violencia contra las mujeres, violencia que se encuentra presente en cualquier edad, sin importar el nivel socioeconómico, ni mucho menos el grado de escolaridad.

“Lamentablemente, el avance tecnológico, como lo son ahora las nuevas tecnologías de la información y comunicación, han sido utilizadas para profundizar la violencia contra las mujeres, ampliando sus modalidades.

“Ahora ya no solo vivimos el acoso sexual en el hogar, en los espacios laborales y en la comunidad, ahora se agudiza el acoso sexual en los medios digitales, y es allí donde debemos también poner atención, buscando sancionarle para frenar su normalización.

“Considero urgente y necesario un análisis con mayor profundidad sobre el bien que queremos tutelar, y conmino a esta legislatura a no volver a utilizar la palabra “pornovenganza”, ya que ninguna de las mujeres que ha sido violentada digitalmente, tuvo como objetivo crear material pornográfico, así como mucho menos, se debe revictimizar a las mujeres haciéndoles crees que la violencia que reciben es consecuencia de sus acciones, acciones que pueden ser en pleno goce de su libertad sexual, pero también con pleno desconocimiento del material obtenido, es decir, de manera no consensuada.

“Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad legislativa para atender y sancionar la violencia ya existente, así como prevenir que vuelva a ocurrir, cimentando el camino a su erradicación.

“Conmino a esta legislatura a tener pies de plomo en la redacción de esta nueva propuesta de reforma, a trabajarla de la mano con la sociedad civil, y en particular, con Olimpia Coral, quién ha dedicado varios años de su vida a construir una sociedad sin violencia contra las mujeres en los medios digitales”.

Junto con la diputada Beatriz García también se abstuvieron las legisladoras Alicia Mercado Moreno y Elba Aldana Duarte. Las diputadas van a pedir en los próximos días que se haga cambios a la ley y se cuide el lenguaje usado, pues el mismo puede producir lo contrario de lo que se espera lograr .

Este día también en redes sociales diversas ciudadanas se expresaron a favor de que la Legislatura cuide el lenguaje en la ley.

Qué es “La ley Olimpia”

La Ley Olimpia fue aprobada en Puebla el pasado 10 de noviembre del 2018. Se le llama así en honor a una valiente mujer poblana, Olimpia Coral Melo, cuya imagen fue usada indebidamente por internet. La presión social fue tan fuerte que Olimpia estuvo a punto de suicidarse en tres ocasiones. Olimpia se convirtió en una activista que trata este tema.

Las 3 legisladoras de Morena del Estado de México se abstuvieron de votar y piden que la legislación mexiquense sea más cuidadosa con el lenguaje. Se está de acuerdo con el objetivo, pero no con el medio para lograrlo, dijeron.

Se acabó eso de difundir imágenes sexuales sin consentimiento. Cárcel para quien lo haga.

Diputada Karina Labastida

Toluca, México, 15 de agosto de 2019.- A partir de este día recibirán severas sanciones quienes publiquen, difundan o exhiban por cualquier medio tecnológico de comunicación imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica sin el consentimiento de o las personas implicadas. La pena se agravará a cárcel de 15 años cuando la víctima sea menor de edad o posea alguna discapacidad para comprender la naturaleza del hecho.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad por las y los diputados de la LX Legislatura del Estado de México, lo cual significa que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Sin embargo se debe aclarar que hubo legisladores de Morena que se opusieron no al fin, sino al lenguaje usado dentro de la norma. En nota aparte, tratamos el tema de quienes se abstuvieron.

Las reformas avaladas en sesión del Tercer Periodo Ordinario establecen, en primer término, que cuando se revele este tipo de contenido sin la anuencia de la víctima se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización (UMA).

Para hablar del tema, uso de la palabra por Morena las diputadas Karina Labastida Sotelo quien señaló que esta nueva legislación se inscribe también dentro del esfuerzo por combatir la violencia de género en el Estado de México.

Estas sanciones aumentarán hasta una mitad cuando el sujeto activo sea o haya sido el cónyuge, concubina o concubinario o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva, de confianza, laboral o análoga con la víctima, o haya cometido la conducta con fines lucrativos o haciendo uso de su calidad de servidor público. Este delito se perseguirá por querella de la parte de la ofendida.

El dictamen también establece que a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótica, sexual o pornográfica bajo la amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento material de la misma naturaleza que previamente la víctima le haya compartido o que haya obtenido por cualquier otro medio, se le impondrán de tres a siete años de prisión y multa de 200 a 400 UMA.

Al leer el dictamen en la tribuna parlamentaria, la diputada proponente Karina Labastida señaló que las sanciones aumentarán hasta el doble cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento. En este caso el delito será perseguido de oficio.

UAEM no teme auditorías, nada más queremos un contralor objetivo y con ética: A. Barrera

Alfredo Barrera en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEM

Toluca, Méx. – 14 de agosto. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, volvió a tocar este día el tema de la designación del auditor de la UAEM y envió un mensaje a los legisladores mexiquenses: “no tememos esta designación porque una característica del quehacer universitario cotidiano es la verificación y la revisión exhaustiva del dato correcto”.

El rector habló este día durante el informe del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ante estudiantes y maestros: solicitó a la Legislatura local designar para la institución un contralor experimentado en temas administrativos y legales, que privilegie la objetividad por encima de las ideologías, capaz de concertar y cumplir una agenda clara que satisfaga las expectativas de los mexiquenses y los universitarios y, sobre todo, que sea una persona con una trayectoria ética intachable.

Sería deseable que el poder legislativo elija a un auditor bajo una convocatoria amplia y de reglas transparentes, en aras de la ética política y la autonomía constitucional que aún se tiene, agregó.

Ante el ex gobernador y profesor emérito de la UAEM, Ignacio Pichardo Pagaza, habló también a favor de la reforma al artículo tercero constitucional, que impulsa una educación superior gratuita y de acceso universal. “Pienso que debemos apoyar sin restricciones el nuevo modelo federal, porque sus metas de educación superior coinciden plenamente con nuestro ideal y compromiso histórico”.

En ese sentido, refirió que con la propuesta de extender la cobertura educativa a todos los jóvenes, se deben impulsar nuevos modelos y programas de formación profesional, acompañados de un esquema innovador que atienda las demandas añejas de la sociedad y que garantice la suficiencia de recursos para la masificación de la docencia y la investigación de calidad mundial.

“El aumento de la matrícula solo es viable bajo criterios de mesura e inteligencia. Creo y deseo que de esta conversión surja un patrón financiero firme y transparente, con un tipo de administración sólida y perdurable donde el yerro de los individuos incapaces y deshonestos no sea pagado por nuestras comunidades”.

Alfredo Barrera Baca reconoció los logros del tercer año de administración de Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, al impulsar la reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología, lo cual demuestra su congruencia con las políticas educativas del gobierno y la propia institución.

Marco Aurelio Cienfuegos destacó el impulso a la investigación en la Facultad, a través de 12 cuerpos académicos y ocho redes de investigación, así como la movilidad estudiantil, la capacitación y profesionalización constante de los docentes de ese organismo académico.

No basta cambiar al auditor, deben modificarse reglas de auditoría, dicen diputados

Diputado Gabriel Gutiérrez Cureño. Dura posición para mejorar el sistema de auditar los recursos del gobierno estatal

Toluca, México, 13 de agosto de 2019. Diputados de la LX Legislatura del Estado de México coincidieron este día en que la renuncia del auditor no es suficiente para garantizar un buen trabajo en la vigilancia de las finanzas públicas, sino se requiere cambiar muchas reglas que existen en la actualidad y permiten que los recursos públicos no sean manejados bien.

El tema de la renuncia del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, así como de su substituto, fue uno de los temas que atrajo la atención en la LX Legislatura mexiquense. Se realizaron dos reuniones: una del pleno para conocer de la renuncia y otra de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización para iniciar el procedimiento de substitución.

Al término de la sesión en la cual el Pleno de la 60 Legislatura mexiquense recibió y envió a comisiones la solicitud de licencia, la comisión legislativa se declaró en sesión permanente para nombrar al encargado temporal del órgano mientras se designa al nuevo titular.

Gabriel Gutiérrez Cureño (morena) afirmó que la sustitución del auditor debe implicar la transformación profunda del OSFEM, consistente en una reorganización administrativa; renovación y depuración del personal, de los procedimientos y de las prácticas, y una reforma legal que institucionalice la aspiración de los mexiquenses de terminar con la corrupción en todos los niveles de la administración pública estatal.

L renovación debe significar la incorporación, en la vida pública de la entidad, de las políticas de la Cuarta Transformación sintetizadas en la consigna de ‘no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’, pues por eso votó la ciudadanía, dijo el diputado por Ecatepec.

Gutiérrez Cureño llamó a no olvidar que el sistema político y gubernamental mexiquense es uno de los que tiene las prácticas más corruptas y una percepción de la corrupción que está entre las más elevadas del país, lo que ha limitado el crecimiento y la inversión en la entidad. Precisó que la impunidad de la que goza la clase política mexiquense explica su divorcio de la comunidad.

El diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, también de morena, calificó lo acontecido como “un hecho histórico” con el que se confirma el compromiso de los diputados de morena de entregar cuentas claras al pueblo. Reconoció la labor del diputado Tanech Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia del ÓSFEM durante este proceso.

Asimismo, el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna, del PT, solicitó una reestructuración profunda del OSFEM, ya que no solo se trata de cambiar al auditor, sino de modificar el método de operación del órgano y la forma en que se realizan las auditorías. “El problema no está en el auditor, no está en la persona, está en cómo se hacen las cosas”.

Diputado José Antonio García. PAN

Del PAN, el diputado José Antonio García García celebró el hecho, en nombre de su bancada, y señaló que se logró el consenso de todos los partidos políticos con el propósito de fortalecer las auditorías en el ámbito municipal, estatal y federal. “Cuentas claras es lo que exige la ciudadanía y lo que exigimos todos los que estamos aquí”, añadió.

“Que este tema no sea solamente del auditor, hay muchos temas pendientes. A nosotros en particular, y lo digo claro, el tema de comunicación social nos llama la atención. No nos quedemos en un solo órgano. Tenemos que revisar toda la estructura porque entonces estamos dejando las cosas empezadas y nomás con los que nos conviene”, dijo el legislador.

El diputado Tanech Sánchez coincidió en que se debe reestructurar el órgano de fiscalización con un proceso más profundo que el solo cambio del auditor, un cambio de métodos, informes, procedimientos y discusión dentro de las comisiones. “Vamos por buen camino; este un primer paso sustantivo para este proceso de reestructuración”, precisó.

Coincidió en que es necesario cambiar la ley de fiscalización actual, que se fortalezca y que forme parte de ella la rendición de cuentas. Señaló, además, que la transparencia en el proceso de sustitución del auditor le dará legitimidad.

Juan Carlos Soto, diputado independiente

Los diputados Azucena Cisneros Coss, Valentín González Bautista, Jorge García Sánchez y Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, de morena; Iveth Bernal Casique, del PRI; Francisco Rodolfo Solorza Luna, del PT, y Juan Carlos Soto Ibarra, calificaron como un paso importante la renuncia del auditor superior y que será un precedente histórico para que de aquí en adelante se vigilen los recursos públicos con transparencia y rendición de cuentas.

La comisión elaboró un dictamen sobre la renuncia del auditor superior, en la que manifestó su aprobación por unanimidad y que será enviada a la Junta de Coordinación Política y a la presidencia de la Legislatura.

Insiste gobernador Del Mazo en que la LX Legislatura le autorice a pedir prestado.

Toluca, México, 13 de agosto de 2019. El gobernador del Estado de México insistió este día en que la LX Legislatura mexiquense le autorice a pedir prestados a nombre del pueblo un total de 1900 millones de pesos, los que se sumarían a los más de 43 779 millones que actualmente se adeudan.

En su propuesta de iniciativa el gobernador Alfredo del Mazo sostiene que de los financiamientos que se plantea contratar, mil 266 millones 660 mil pesos se destinarían para fortalecer el sector comunicaciones y elevar la competitividad de la entidad con mejoras a la movilidad y a la economía, y 633 millones 340 mil pesos serían para fortalecer la infraestructura hidráulica y la obra pública.

De acuerdo con la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al financiamiento mencionado, el monto para el servicio de la deuda bajo los términos contratados hasta su total liquidación, además de que el monto autorizado podrá ser ejercido por el estado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según lo requiera.

Se solicita además que se autorice al gobernador a que, mediante la Secretaría de Finanzas, suscriba o modifique los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, mandatos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar los financiamientos, los cuales deben contratarse con instituciones del Sistema Financiero Mexicano y tendrán un plazo de pago hasta de 25 años.

La Iniciativa fue remitida a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para su dictamen.

Esta es la tercera ocasión que el gobernador pide que el congreso le autorice un crédito. En meses pasados había solicitado más de 40 mil millones de pesos pero los legisladores mandaron a la congeladora la petición.

Hasta el momento las y los diputados no han expresado una postura pública sobre el tema, pero hasta donde se sabe se está en contra del incremento de la deuda. El gobernador sostiene que la deuda es manejable, pero la política de las y los diputados de Morena ha sido la austeridad. Este tema seguirá abierto las próximas semanas.

Acusado de omiso en auditorías al gobierno de Eruviel, renuncia auditor superior del EDOMÉX

Fernando Baz renuncia. Foto Archivo

Toluca Méx. 10 de Agosto del 2019.- Luego de una lucha de meses entre el auditor de la Legislatura y los diputados de Morena, Fernando Valente Baz Ferreira presentó su renuncia al cargo de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, organismo encargado de hacer investigar el gasto del gobernador, los integrantes del gabinete mexiquense, los alcaldes, los organismos desconcentrados o autónomos como la UAEM y el ISSEMYM.

Los diputados de Morena habían insistido desde hace meses en la destitución de Fernando Baz a quien responsabilizan de haber realizado malas auditorías durante el gobierno de Eruviel Ávila.

Incluso el pleno del Congreso del Estado de México rechazó en meses pasados la cuenta pública del último año de gobierno de Eruviel Ávila, señalando la existencia de malos manejos en organismos como el ISEM, el ISSEMYM, la UAEM, los cuerpos de seguridad y otras áreas.

Durante meses el auditor se negó a renunciar y afirmó en todo momento que las auditorías se realizaron conforme a derecho. Sin embargo este día el presidente de la Junta de Coordinación Política informó que con fecha de 9 de agosto el auditor le presentó su renuncia.

En los próximos días, la Legislatura resolverá sobre la solicitud de licencia definitiva para separarse de su cargo presentado por Fernando Baz, conforme a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

El 24 de abril del año en curso la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) acordó solicitar a la Jucopo iniciar el proceso de remoción de Fernando Baz, debido a que consideró ineficaz y omiso su desempeño en la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017.

“La 60 Legislatura del Estado de México, y en particular el Grupo Parlamentario de morena, en su primer ejercicio fiscalizador, cumple con la exigencia ciudadana de transparentar la aplicación de los recursos públicos y avanza hacia un verdadero estado de derecho”, afirmó en esa ocasión el diputado Tanech Sánchez Ángeles (morena), presidente de dicha comisión legislativa.

Subrayó que, por primera vez, desde que se estableció el OSFEM en el año 2014, el Congreso local está haciendo uso real de la facultad de fiscalización de los recursos públicos.

A la renuncia del Contralor la pregunta es: ¿quién será su substituto?

Exigen en LX Legislatura resolver el crimen de Beatriz García, síndico de Jilotepec

Diputado Benigno, Martínez en la tribuna de la LX Legislatura del Estado de México

Toluca, México, 8 de agosto.- Los diputados de Morena en el Estado de México exigieron a la Fiscalía del Estado de México que resuelva de forma ágil y eficaz el asesinato de la síndico de Jilotepec, Beatriz García Licona quien a la edad de 30 año fue acribillada cuando salía de su domicilio.

Las y los diputados de Morena, a través del legislador Benigno Martínez (congresista por el distrito de Jilotepec), sostuvieron que el gobierno ha sido incapaz de frenar la ola de violencia y esta es una prueba más.. “estos actos en contra de la síndica demuestran que las estrategias y acciones para procurar la seguridad de los ciudadanos del Estado de México han sido, en alto porcentaje, fallidas”.

En Jilotepec, como en todo el territorio estatal y nacional, se vive una situación de inseguridad e incertidumbre sin que los habitantes puedan tener la certeza de no ser objeto de delitos como extorsión, asalto, secuestro o asesinato.

El diputado precisó, que el derecho a la vida de Beatriz García Licona no fue respetado el pasado 7 de agosto, cuando al salir de su domicilio fue privada de la vida a consecuencia de varios impactos de arma de fuego.  Asimismo, indicó que la síndica, de 30 años de edad, dejó huérfanos a sus dos hijos de 12 y 9 años de edad, quienes “tendrán que superar este suceso traumático sin entender el motivo por el que una persona pudo cometer tan atroz acto”.

Este homicidio, señaló, no solo atenta contra la persona de Beatriz García, sino también contra el Estado, sus instituciones y contra la sociedad a quien representaba. Luego de extender su pésame, el legislador exhortó al gobierno del Estado a asumir su responsabilidad de dar seguridad de la población.

Se manifiestan en LX legislatura contra el matrimonio igualitario

Diputados del PAN recibieron a organizaciones que se manifestaron contra el matrimonio igualitario en las instalaciones de la LX legislatura

Toluca, México, 8 de agosto.- Este día diversas organizaciones entregaron a la fracción parlamentaria del PAN en la LX Legislatura del Estado de México un documento donde les piden frenar la iniciativa del matrimonio igualitario, así como la interrupción del embarazo. Las organizaciones realizaron un mitin frente a la puerta del palacio legislativo durante el tiempo que duró la sesión plenaria del día.

Los manifestantes gritaron consignas contra las iniciativas de ley que se discuten y plantean la legalización del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, así como la interrupción del embarazo.

Las y los diputados de la Fracción Parlamentaria del PAN salieron a recibir a los manifestantes. El diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, recibió un documento con el que piden a los legisladores mexiquenses que en los temas del matrimonio igualitario y la interrupción del embarazo se reconsideren.

Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, y María Bravo Álvarez, presidenta de esta agrupación en la entidad, entregaron el documento que respaldan también los colectivos Verde es vida, Iniciativa ciudadana, Rey de reyes y Consejo interreligioso, entre otros.

Anuar Azar se comprometió a dar a conocer su propuesta a los legisladores e impulsar una consulta para conocer el sentir de los mexiquenses sobre el tema. Dijo también que los integrantes de su bancada se comprometen firmemente a defender a las familias mexiquenses, además de respetar los derechos de todas y todas sin discriminar a nadie.

Recordó que el PAN ingresó ya una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción y establecer acciones para que cualquier mujer en condiciones difíciles pueda acceder a un parto digno y asistido, pero si decide no ejercer su maternidad pueda entregar en adopción al o la nacida.

Legisladores piden a Del Mazo explicar compra millonaria e inútil de equipo para autopistas

Diputado Faustino de la Cruz

El diputado morenista Faustino de la Cruz destapó otra probable desviación de recursos del gobierno del Estado de México en el cual podrían estar vinculados familiares del expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Comunicaciones y la empresa Aliatica (antes OHL). El quebranto está relacionado con la adquisición del Sistema de Barrera Móvil, para la supuesta gestión del tráfico en el Circuito Exterior Mexiquense, con un costo inflado de 485.4 millones de pesos.

La denuncia del diputado fue presentada este día en el pleno de la LX Legislatura Mexiquense y el legislador presentó un exhorto para que el gobernador Alfredo del Mazo y la Procuraduría Mexiquense se expresen públicamente sobre el tema.

El diputado Faustino de la Cruz Pérez denunció que el Gobierno del Estado de México (GEM) y la empresa Aleática mantienen “escondido” y sin dar uso al Sistema de Barrera Móvil, para la supuesta gestión del tráfico en el Circuito Exterior Mexiquense, y que tuvieron un costo de 485.4 millones de pesos.

Al explicar su denuncia, Faustino de la Cruz sostuvo que en 2009, el entonces Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, suscribió con Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. subsidiaria de Aleatica, el Acuerdo 01/2009 relativo al título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense para adquirir maquinaria especializada para la gestión del tráfico hasta por $500 millones de pesos; y realizar obras adicionales hasta por $350 millones de pesos.

La Operadora pagó al fabricante norteamericano aproximadamente $250 millones de pesos en 2009, no obstante, el GEM permitió que Aleatica registrara la compra del sistema de barrera móvil como “inversión” en el Circuito Exterior Mexiquense, por un monto de $485.4 millones de pesos, para un innecesario sistema a los usuarios.

El legislador agregó que la adquisición del sistema de barrera móvil, realizada en parte con recursos de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no se hizo directamente con el fabricante norteamericano (Barrier Systems, Inc.), sino con un intermediario constituido con posterioridad a la publicación de la convocatoria del procedimiento de licitación del Viaducto Bicentenario, con una denominación casi idéntica a la del fabricante norteamericano (Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V), de modo que pareciera que estaba vinculada con éste. El fabricante norteamericano no reconoce (públicamente al menos) que el intermediario sea o fuera su representante o subsidiaria.

“Este sobreprecio injustificado, dijo el diputado, podría constituir el pago de un soborno por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, pagado por conducto de una sociedad en la que participa como accionista y administrador una persona con vínculos muy estrechos de amistad y parentesco religioso con el entonces Gobernador Peña Nieto, cuyo costo es ilegalmente transferido a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense a través del incremento de tarifas y la ampliación de plazo de la vigencia de la concesión”.

Conforme al documento avalado, con información pública difundida por la matriz del fabricante norteamericano en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, “la Operadora pagó al fabricante norteamericano aproximadamente 250 millones de pesos en 2009. No obstante, el Gobierno del Estado de México permitió que Aleatica registrara la compra del sistema de barrera móvil como inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, por un monto de 485.4 millones de pesos, con lo que ilegal e indebidamente se trasladó el costo “infladísimo” de este innecesario sistema a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense e, indirectamente, al Estado de México”.

Para confirmar la inutilidad de la supuesta inversión, el también diputado por Ecatepec sostuvo que las máquinas no han operado, y permanecen abandonadas desde 2009, debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense y la Avenida Central, muy cerca de la caseta de cobro auxiliar A5, echándose a perder inútil e irremediablemente, mientras Aleatica recupera el costo de las mismas con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, junto con un rendimiento de 10% anual adicional a la inflación.

Y fue más allá y habló de la posibilidad de un soborno: “El ocultamiento físico de un sistema de barrera móvil que no era necesario y por el cual se pagó un sobreprecio injustificado que podría representar el pago de un “soborno” por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, es un acto o serie de actos probablemente constitutivos de un delito que empezó a cometerse en 2009 y que se sigue cometiendo hasta la fecha, con grave afectación de la hacienda pública estatal y federal”.

En consecuencia con lo anterior el diputado pidió al pleno de la 60 Legislatura mexiquense exhortar al gobernador Alfredo del Mazo para informar a la brevedad “el fundamento jurídico y las razones por las cuales el Gobierno del Estado de México autorizó la compra de un sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, cuya operación en esa autopista no era (ni es) necesaria”.

El punto de acuerdo también pide exhortar al Fiscal General de Justicia a iniciar de inmediato una investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito, del destino y uso que el Gobierno del Estado de México le ha dado a ese sistema de barrera móvil y el quebranto generado a la hacienda pública estatal derivado de lo anterior.

De acuerdo con el legislador De la Cruz Pérez, los hechos descritos ocurrieron durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, cuando era secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza, y la empresa concesionaria Aleatica (antes OHL).

El exhorto también llama a explicar las razones por las cuales se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, a pesar de que existía por lo menos una propuesta de otro participante que era notoria y considerablemente mejor y más conveniente para el estado.

Asimismo, llama a responder cuál es el monto registrado como inversión de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. en el Circuito Exterior Mexiquense, derivado de la compra del sistema de barrera móvil; cuál es el monto del rendimiento que le ha generado esa inversión a Concesionaria Mexiquense al 31 de diciembre de 2018, y si el sistema de barrera móvil fue adquirido con recursos propios de Aleatica o de Concesionaria Mexiquense o con recursos derivados de financiamientos.

El exhorto pide exponer las razones por las cuales el Gobierno del Estado de México no ha iniciado una investigación en relación con la compra de un sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, con un sobreprecio injustificado, a pesar de que ese sistema no era necesario ni en el Circuito Exterior Mexiquense ni en el Viaducto Bicentenario.

Previo a la aprobación del dictamen, el diputado del PRI, Juan Jaffet Millán Márquez expresó que el exhorto debería dirigirse al Secretario de Comunicaciones y no al titular del Ejecutivo estatal, por lo que pidió que se ajustara en esos términos “para poder acompañarlo”. Consideró también que afirmar que la compra del sistema de barrera móvil “no era necesaria” es un juicio de valor y un hecho que debe ser calificado por las instancias competentes, al igual que el “supuesto quebranto patrimonial” y pidió considerar el alcance de la Legislatura y su relación con los otros poderes del estado para no invadir esferas de actuación, respetar la autonomía de la Fiscalía y no ejercer como juzgador. La petición no procedió.

Posteriormente los diputados aprobaron por mayoría el exhorto al gobernador Alfredo del Mazo, con 14 votos en contra de los legisladores del PRI y el PVEM.