Palo al PAN. Magistrados dicen Riquelme no violó tope de gastos

La Sala Superior del Tribunal Electoral dio un duro golpe este día a las aspiraciones de la oposición para anular la elección de gobernador en Coahuila. Los magistrados concluyeron que el priista Miguel Riquelme Solís no violó el topo de gasto de campaña, pues luego de hacer los análisis correspondientes concluyeron que sus gastos de campaña fueron $30,319.31 pesos menores al tope de gasto de campaña autorizado.

Los magistrados revisaron los gastos del priista en representantes de casilla, vídeos difundidos por redes sociales, inserciones en la prensa y tarjeta tipos monedero y no encontraron fundados los argumentos de que en estos medios se gasto de más, por lo cual es improcedente considerar que se rebasaron los gastos de campaña. De esta forma Riquelme está en condiciones jurídicas de protestar como gobernador de Coahuila el próximo primero de diciembre.

Estos son los argumentos estudiados por los magistrados de la Sala Superior:

Representantes generales y de casilla

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió los medios de impugnación SUP-RAP-687/2017, SUP-RAP-697/2017, SUP-RAP-700/2017 y SUP-RAP-703/2017, interpuestos por los partidos integrantes de la coalición “Por un Coahuila Seguro” y Miguel Ángel Riquelme Solís, así como por Morena, PAN y PRD, respectivamente, en contra de la resolución INE/CG447/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que sancionó a los partidos políticos por la omisión de reportar las remuneraciones a los representantes generales y de casilla en Coahuila.

En su resolución la Sala Superior sostuvo que el artículo 216 Bis, párrafo 7 del Reglamento de Fiscalización es constitucional, dado que los gastos vinculados con la presencia de los representantes de partidos políticos en las casillas durante la jornada electoral, se relacionan con las actividades de campaña, por lo que pueden ser considerados para efecto de determinar el rebase de tope de gastos.

Además, las magistradas y magistrados consideraron que en esa disposición se establece la presunción de que la actividad que llevan a cabo durante la jornada electoral los representantes generales y de casilla implica un gasto. Sin embargo, también estimaron que admite prueba en contrario, de manera que, si se ofrecen y aportan pruebas con la finalidad de acreditar la gratuidad del servicio de sus representantes, tales pruebas deben ser valoradas tratándose de procedimiento sancionador.
A partir de ello, la Sala Superior determinó que, de la valoración conjunta de los formatos de gratuidad que se aportaron como pruebas, se advirtió que en muchos de los casos sancionados se presentaron los formatos respectivos con los elementos esenciales para dotarlos de eficacia jurídica, sin que haya quedado desvirtuada la manifestación de voluntad de los ciudadanos, expresada con la firma de los formatos, con independencia de la fecha de su emisión. Asimismo, se confirmaron las sanciones respecto de aquellos formatos que no fueron presentados, o no contenían la firma de los representantes.

Videos difundidos en redes sociales

El TEPJF resolvió los medios de impugnación SUP-RAP-719/2017, SUP-RAP-723/2017 y SUP-JDC-1026/2017, de forma acumulada, interpuestos por el PVEM, el PRI y Miguel Ángel Riquelme Solís, respectivamente, en contra de la resolución INE/CG501/2017 aprobada por el INE, en la que sancionó a la coalición “Por un Coahuila Seguro” por la omisión de reportar los gastos derivados de 84 videos exhibidos en redes sociales, valuados en $1,461,600.20 que, sumados a los gastos imputados al candidato de la coalición, actualizaban un rebase a los topes de gastos de campaña por un 9.21%.

Los actores argumentaron que el INE no observó el debido proceso, al no otorgar garantía de audiencia a la coalición y al candidato denunciados, a fin de defenderse adecuadamente, lo que implicó una violación al derecho de ser oído y vencido en un procedimiento seguido en forma de juicio, ya que sancionó la falta de reporte y comprobación de los gastos de producción y post-producción de 84 videos difundidos en internet, cuando sólo se emplazó por los costos de elaboración de 4. De esos 84 videos, 82 ya habían sido materia de estudio en el Dictamen consolidado y resolución de la revisión del respectivo informe de gastos de campaña.

Por lo anterior, la Sala Superior determinó que, efectivamente, se vulneró el debido proceso, pues sólo 2 de los 84 videos, considerados como no reportados, fueron objeto del emplazamiento, por lo que no se respetaron las garantías constitucionales del proceso.

Por tanto, a fin de garantizar la exhaustividad en el dictado de la sentencia, este órgano jurisdiccional analizó cada uno de los videos sancionados, frente a los registros y documentación comprobatoria presentada por la coalición, a través del Sistema Integral de Fiscalización del INE y advirtió que, los gastos de elaboración y edición de 82 de los 84 videos ya habían sido objeto de revisión en el Dictamen Consolidado y resolución del informe de campaña de Coahuila, lo cual implicó la existencia de un pronunciamiento previo, que impedía al INE analizarlos, cuantificarlos y sancionarlos por segunda ocasión.

En consecuencia, el Pleno decidió dejar sin efectos los gastos de elaboración de 82 videos, y sólo sumar a los gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís el monto relativo al no reporte del gasto de 2 videos, los cuales, como lo sostuvo el Consejo General del INE, no fueron analizados en el Dictamen consolidado.

Inserciones de prensa

El TEPJF resolvió el recurso de apelación SUP-RAP-724/2017, interpuesto por el PAN en contra de la resolución INE/CG501/2017 del INE, en la que determinó que no podían ser considerados dentro de los gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, lo relativo a un desplegado que diversas militantes, candidatas a diputadas locales y alcaldesas del PRI difundieron mediante su publicación en 4 periódicos locales y 1 nacional, cuyo contenido se dirigió a cuestionar al entonces candidato a Gobernador del PAN sobre expresiones que consideraron denigrantes para las mujeres.

El TEPJF confirmó la determinación impugnada, a partir de la valoración del contenido del desplegado y su contexto, concluyendo que se trató de una reacción a expresiones previas emitidas por Guillermo Anaya Llamas en contra de las mujeres, de tal manera que el desplegado se consideró como parte del debate democrático, en el marco de la libertad de expresión, sin que se haya configurado algún beneficio para la campaña de Miguel Ángel Riquelme.

Tarjetas tipo monedero

Al resolver el SUP-JRC-388/2017 y acumulados, la Sala Superior revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, por no existir presión en el electorado con la distribución de tarjetas tipo monedero.

Lo anterior, porque la propaganda denunciada –tarjetas de cartón y formatos– contiene únicamente promesas de campaña, cuya implementación estaría sujeta a que el candidato a Gobernador de la Coalición “Por un Coahuila Seguro”, pudiera resultar electo; además de que no quedó acreditada su total distribución ni la entrega de beneficios –en bienes o monetarios– que implicaran presión al electorado y no existe prohibición legal de distribuir propaganda electoral impresa en forma de tarjetas. Sin embargo, al advertirse el posible uso de datos personales en la recolección de los formatos, se dio vista al INE para que determine lo que en derecho proceda.

Por lo anterior concluyeron que Miguel Angel Riquelme Solis gastó un total de $19,212,159.26, lo cual significa $ 30,319.31 menos que el tope de gasto de campaña que fue establecido por el INE en 19,242,478.57.  Originalmente el INE había establecido en sus auditorías que los gastos del Riquelme ascendían a $21,014,700.19

De un momento a otro se espera que panistas y quienes fueron candidatos a la elección de gobernador den sus posturas críticas a la decisión de los magistrados.

Cómo demostraron que gobernador de Aguascalientes intervino en elección anulada

Monterrey Méx. 5 de Agosto. La causa principal por la cual los magistrados de la Sala Monterrey anularon  la elección en el Distrito I de Aguascalientes es porque el gobernador de esa entidad, Carlos Lozano, usó un camión propiedad del gobierno del Estado y en el mismo hizo un recorrido por varias secciones electorales acompañado de candidatos a cargos de elección popular. Para los magistrados la conducta del gobernador es determinante en el resultado de la elección pues la diferencia entre el PRI y el PAN fue de 436 votos en favor del primero. Por ello concluyeron la necesidad de anular la elección y que se convoque a una extraordinaria.

Del recorrido que se le acusa, el mismo gobernador dio constancia fotográfica en la página de internet del gobierno, fue grabado por dos personas y además, durante el momento en que confrontaba a una persona que lo grababa, los medios de comunicación lo volvieron a grabar. Todo ello fue difundido a través de medios de información cuyo contenido se anexó a la demanda.

En las imágenes difundidas por el propio gobernador ese día de la jornada electoral se le ve acudir a votar y después muestra una fotografía de su voto a favor del PRI. Las gráficas fueron difundidas en el portal del gobierno del Estado de Aguascalientes.

Durante su recorrido el día de la elección el gobernador estuvo acompañado por el Senador del PRI, Miguel Romo Medina; así como por  Jesús Ríos Alva, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 3 de Aguascalientes; Mario Luis Ramos Rocha, Secretario de Comunicación del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes; el Candidato del PRI al 01 distrito electoral en Aguascalientes, Gregorio Zamarripa; y  trabajadores de TV del gobierno del Estado.

Las seis acusaciones presentadas por el PAN

El PAN solicitó la anulación de la elección por seis aspectos, pero los magistrados sólo entraron al fondo del asunto en el tema relativo a lo que se llamó “participación indebida del gobernador y coacción y compra de votos usando los programas sociales”. Los otros cinco aspectos por los que se pedía la anulación de la elección ya no fueron revisados pues con el primer asunto ya se establecía la anulación.

De todas formas, damos a conocer los otros cinco aspectos por los cuales se pedía la anulación:

1.-La instalación de los centros de votación se hizo en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital;

2.-La votación se recibió en fecha distinta, puesto que las casillas fueron instaladas antes de la hora legalmente establecida, o el cierre y clausura de las mismas aconteció en horarios no permitidos por la ley;

3.-Error o dolo en la computación de los votos, por la existencia de errores o inconsistencias en las actas respectivas;

4.-Indebida integración de las mesas directivas de casilla, pues la votación la recibieron personas u órganos distintos a los autorizados para ello;

5.- Se ejerció violencia o presión sobre los electores, por la presencia de servidores públicos “en las inmediaciones de las casillas”, así como otra serie de irregularidades que identifica como “compra de votos”, “acarreo de votantes”, así como presencia de militantes priistas organizados en la “marea roja”

El PAN señaló en su demanda, en el punto décimo primero, “que el día de la jornada electoral se presentaron diversas irregularidades graves, sustanciales y de forma generalizada, tendentes a generar presión y coacción sobre los electores. Entre dichas anomalías, señala lo que considera hechos relacionados con “la violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, debido a la participación del gobernador del estado de Aguascalientes el día de la jornada electoral usando el vehículo oficial para el traslado de funcionarios públicos y candidatos del PRI”.

Magistrados razonan su voto a favor de la anulación

Para los magistrados la presentación de los dos videos por parte del PAN no era una causa determinante para anular la elección. Sobre este asunto dicen: “En el presente caso, no puede sostenerse que el actor tenga una carga probatoria de una magnitud que impida a este órgano jurisdiccional apreciar otros elementos, no señalados por el enjuiciante, que permitan tener un conocimiento más fidedigno de los sucesos que rodean las violaciones reclamadas”.

Sin embargo, los magistrados aclaran que para mostrar la determinancia de los hechos imputados al gobernador se anexaron por cuenta propia lo que se llama pruebas de un hecho notorio. Al respecto sostienen:

“La información de la cual esta sala regional se allegará de manera adicional a la que obra en autos, está al alcance del público en general, constituyendo lo que generalmente se conoce como hecho notorio, pues aparece publicada en sitios de internet oficiales o bien destinados a informar a la ciudadanía sobre acontecimientos relevantes de los asuntos públicos de su entidad, tales como: portales de sitios de noticias, la página oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes, la cuenta de Twitter del mandatario estatal y de Radio y Televisión de Aguascalientes”.

“Como se adelantó, la afirmación de hecho que el PAN busca probar es la referente a que el día de la jornada electoral, en el distrito 01 de Aguascalientes (elemento temporal), el gobernador de ese estado (elemento personal), acompañó a los candidatos a diputados federales en esa territorialidad —entre estos al candidato aquí cuestionado Gregorio Zamarripa Delgado— y a otros servidores públicos, a diversos centros de votación, trasladándose en un autobús del gobierno de esa entidad, a efecto de generar un efecto negativo con lo cual se separó de su deber de neutralidad e imparcialidad”.

A juicio de dos de los magistrados de la Sala Monterrey “las conductas antes descritas, que se tiene por debidamente acreditadas constituyen una situación que además de implicar una trasgresión a la neutralidad y un uso parcial de recursos, implica otorgar una ventaja mediática a los postulantes del PRI, situación que trastoca de manera grave los principios que rigen el proceso electoral”.

Y agregan: “En efecto, el que un mandatario estatal organice un recorrido, cuya logística consista en acompañar a votar, a bordo de un autobús oficial, a los candidatos que su partido postuló en los tres distritos federales ubicados dentro del territorio que gobierna, con el fin de manifestarles su respaldo, sin duda constituye un acontecimiento que impacta en todo el estado, pues genera un especial interés en la ciudadanía y en la prensa en general, máxime que el medio de transporte utilizado es fácilmente perceptible como aquel que suele emplear el mandatario”.

Y basados en lo anterior sacan dos conclusiones:

1.- “A partir de lo anterior, es indudable que el impacto que tuvo el recorrido proselitista del gobernador no se circunscribió únicamente al lugar en que se grabó el video aportado por el actor, pues, se insiste, fue ampliamente difundido el día de la jornada en la prensa local, en las cuentas de twitter del gobernador, en la de Radio y Televisión de Aguascalientes, además de la página oficial de internet del Gobierno del Estado”.

2.- “Así las cosas, dada la naturaleza en que se cometieron y difundieron las anomalías referidas, si bien resulta materialmente imposible definir el número de votos que pudiesen haber resultado afectados, esta sala regional considera que tales violaciones sí resultaron determinantes para el resultado de los comicios, tomando en cuenta que la diferencia que existió entre el primer y segundo lugar de la elección fue de tan solo 436 votos. Por tanto, toda vez que el actor alcanzó su pretensión, deviene innecesario el estudio del resto de los disensos propuestos”.

Voto en contra del Presidente de la Sala Regional

La ponencia original fue elaborada por el magistrado presidente Marco Antonio Zavala Arredondo, por lo cual se le considera el magistrado ponente. En la ponencia original se proponía la ratificación del triunfo del priista. Sin embargo los magistrados Yairsinio David García y Reyes Rodríguez Mondragón acordaron la anulación de la elección en ese distrito.

Por ello, y para dejar en claro su inconformidad, el magistrado presidente elaboró un voto razona en contra del dictamen de anulación de la elección. En el punto 4.8.1.3. sostiene que “ No se actualiza la irregularidad relativa al presunto acarreo de votantes como tampoco la inducción al voto a favor del PRI”. Y en el punto 4.9.2.2.2. sostiene que “Los videos relacionados con la indebida intervención del gobernador del estado el día de la jornada electoral, acompañado de funcionarios públicos y de los candidatos del PRI son insuficientes para acreditar una irregularidad generalizada”.

El magistrado presidente sostiene en su voto razonado: “que no existe evidencia alguna en el expediente es que el gobernador y su comitiva hayan recorrido otros lugares o casillas del distrito 01, con cabecera en Jesús María, Aguascalientes. De hecho, el PAN no afirma, ni siquiera sugiere, con la suficiente claridad, que se hayan visitado otros centros receptores de la votación en el distrito. Tampoco de los videos reseñados es factible deducirlo, pues no es posible, incluso, estimar el tiempo durante el cual el gobernador y sus acompañantes permanecieron en la mesa directiva de casilla a la cual arribaban cuando fueron filmados. Desde este perspectiva, aun cuando se tuvieran plenamente demostrados los hechos objeto de los videos, la irregularidad no podría tener el carácter de una irregularidad generalizada, como lo exige el artículo 78 de la Ley de Medios”

Para juicio del magistrado presidente de la Sala Monterrey de toda la elección lo único que se debió de haber anulado es la votación de la casilla 450c1, modificar la votación y ratificar el triunfo del candidato priista.

Es un hecho que los priistas presentarán ante la Sala Superior un recurso de reconsideración sobre el fallo de los magistrados de la Sala Monterrey. Estaremos atentos para darles la información sobre esa sesión que se deberá realizar en los próximos días en el Distrito Federal.