Crean comisión de maestros, alumnos y Sindicalizados para evaluar informe de Olvera

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Toluca Méx. 27 de febrero.- El Consejo General de la UAEM autorizó que un grupo de directores, profesores, alumnos y trabajadores sindicalizados estudien y evalúen el informe de trabajo que el próximo martes 3 entregue el rector Jorge Olvera.

La Comisión Especial para el Conocimiento y Estudio del Segundo Informe Anual de Actividades de la Administración 2013-2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México quedó conformada de manera paritaria, por cuatro directores, cuatro profesores, ocho alumnos y los líderes sindicales de académicos y trabajadores administrativos, quienes analizarán el documento que el próximo 3 de marzo entregará al pleno del H. Consejo Universitario, el rector Jorge Olvera García, en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”.

En su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, el máximo órgano colegiado de la institución aprobó por unanimidad, la instalación de dicha comisión, que tiene como objetivo el análisis exhaustivo y dictaminación del ejercicio de rendición de cuentas del rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, verificar el cumplimiento de cada elemento estipulado para la consecución de las metas y objetivos comprometidos por el rector para el periodo 2013-2017.

Dicha comisión quedó integrada por los consejeros directores de las facultades de Planeación Urbana y Regional, Héctor Campos Alanís; de Antropología, José Concepción Arzate Salvador; de Arquitectura y Diseño, Marco Antonio Luna Pichardo, y del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, Juan Carlos Medina Huicohea.

Los cuatro académicos consejeros que forman parte de dicha comisión son de las facultades de Turismo y Gastronomía, Gerardo Novo Espinosa de los Monteros; Química, Carlos Eduardo Barrera Díaz; Ciencias Políticas y Sociales, Claudia Ortega Ponce, y la representante del personal académico de los planteles de Escuela Preparatoria, Guadalupe Isela garrido Vargas.

En tanto, los alumnos consejeros que forman parte de esta comisión especial son de las facultades de Geografía, Mayela Montserrat Gutiérrez Carreón; del Plantel “Dr. Ángel María Garibay K.” de la Escuela Preparatoria, Sergio Enrique Cruz López; de la Facultad de Medicina, Guillermo Primero Gutiérrez; de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Josué Israel Mendoza Guadarrama; de la Facultad de Ciencias de la Conducta, Ricardo Antonio Ortiz Osorio; de la Facultad de Geografía, Diana López Tello Villavicencio; del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, José  Saúl López Medina;  y de la Facultad de Contaduría y Administración,  Jaime Díaz Salguero.

También la conforman los secretarios generales de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM), Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM), León Carmona Castillo.

 

Licencia a 33 diputados del Estado de México. Rinden protesta 9 suplentes

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27 de Febrero 2015.- El congreso del Estado de México se ha convertido prácticamente en el centro de producción de candidatos a presidentes municipales y diputados federales. Este día 33 diputados de diferentes partidos políticos pidieron licencia para ausentarse e inscribirse como precandidatos a presidentes municipales en sus diferentes organizaciones políticas.

Pero si salen 33, quiere decir que van a entrar otros 33. Por ello la comisión permanente no sólo conoció y aprobó la licencia para los diputados, sino tomó protesta a 9 suplentes que son: Nancy Rebollar Zúñiga, José de Jesús Morán Luevano, Myriam Alaska Echegoyen López, Pedro Antonio Fontaine Martínez, María Eugenia Granados Cárdenas, José de Jesús Magaña Juárez, María Gisela Alejandra Parra Flores, Marisol González García y María Guadalupe Jiménez Sánchez,después de que esta instancia legislativa concedió licencia temporal a igual número de legisladores del Grupo Parlamentario del PAN.

En sesión presidida por el diputado Juan Abad de Jesús (Movimiento Ciudadano), este órgano parlamentario también autorizó licencia definitiva a partir del dos de marzo, a los diputados del PRI, Aarón Urbina Bedolla, David Parra Sánchez, Apolinar Escobedo Ildefonso, David López Cárdenas, Juan Demetrio Sánchez Granados, Enrique Audencio Mazutti Delgado, Felipe Borja Texocotitla, Martha Elvia Fernández Sánchez, Luis Enrique Martínez Ventura y Roberto Espiridión Sánchez Pompa, así como a Víctor Manuel Estrada Garibay, de Nueva Alianza, y Fernando García Enríquez, del Verde Ecologista.

También, avaló la solicitud de licencia temporal del 7 de marzo al 10 de junio, presentada por los diputados Ana Yurixi Leyva Piñón, Saúl Benítez Avilés, Tito Maya de la Cruz, Octavio Martínez Vargas, Xochitl Teresa Arzola Vargas y Armando Portuguez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD.

Del PAN, otorgó licencia temporal, del 28 de febrero al 12 de junio, a los legisladores, Erick Pacheco Reyes, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Leticia Zepeda Martínez, Ana María Balderas Trejo, Luis Gilberto Marrón Agustín, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y Francisco Rodríguez Posada, en tanto que del 28 de febrero al 12 de marzo, a Enrique Vargas del Villar; del 6 al 20 de marzo, a la legisladora Annel Flores Gutiérrez; y del 5 de marzo al 15 de junio, a Alfonso Guillermo Bravo Álvarez  Malo.

También recibieron licencia temporal los legisladores Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza) del 2 de marzo al 15 de junio; Higinio Martínez Miranda (Movimiento Ciudadano) del 27 de febrero al 15 de junio, así como los diputados del PT, Óscar González Yáñez, del 3 de marzo al 12 de junio, y Norberto Morales Poblete, del 6 de marzo al 8 de junio.

PROPONEN CREAR LEY DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Corresponderá a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dictaminar la iniciativa del diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN) para crear la Ley de Promoción al Cine en el Estado de México.

De acuerdo con el diputado proponente, el cine es un instrumento generador de cultura, y en México uno de comunicación. “Somos en el mundo el cuarto consumidor de cine, sin embargo, los creadores mexicanos hacen su cine fuera, por ello la propuesta para promover el desarrollo para los sectores cultural, turístico y económico” a partir de más apoyos y promoción a esta industria.

Al término de la sesión, el presidente de la Diputación Permanente citó a los diputados integrantes de la LVIII Legislatura estatal al inicio del Octavo Periodo Ordinario, para el próximo domingo 1 de marzo.

Por nuevo constituyente estatal se pronuncia José Luis Gutiérrez Cureño

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Toluca Méx. 26 de Febrero.- José Luis Gutiérrez Cureño, expresidente municipal de Ecatepec se pronunció a favor de crear un nuevo constituyente que revise la máxima norma del Estado de México con el objeto de disminuir la tendencia privatizadora de la vida social.

Durantela presentación de su libro El Derecho a la Ciudad, Cureño explicó que la tendencia privatizadora se nota en todos los ámbitos de la vida del país, y de manera especial en los servicios públicos que prestan los municipios. Por eso es necesario revisar la ley y frenar a los monopolios privados que están destruyendo lo público.

Por su lado, el diputado Norberto Morales Poblete, dijo que “Cuando hablamos del derecho a la ciudad, es el derecho que todos tenemos a vivir en libertad”,. Ello durante la presentación del ensayo “El Derecho a la Ciudad”, de Miguel Ángel Juárez Franco y José Luis Gutiérrez Cureño.

En el Salón Benito Juárez del Palacio Legislativo, el también presidente dela Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social dijo que con este tipo de actividades“damos pruebas fehacientes de que también proponemos otro tipo de acciones, criticamos pero también proponemos; el PT es capaz de levantar la voz y ser incisivo cuando ve vulnerados los derechos de los ciudadanos”.

En presencia de los autores consideró importante leer la obra de José Luis Gutiérrez y de Miguel Ángel Juárez y convocó a luchar “porque esta sociedad cambie y que nuestros hijos y las nuevas generaciones puedan vivir en libertad y no encerrados”.

En su momento, Gutiérrez Cureño, expresidente municipal de Ecatepec y actualmente presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, y principal impulsor de las Cartas de los Derechos de la Ciudad, agradeció a la Legislatura mexiquense el espacio para presentar esta obra literaria, cuyo objetivo es “introducir entre las personas interesadas una propuesta de militancia a pesar de que la izquierda está en un proceso de división”.

Del ensayo, destacó tres ideas centrales: la ciudad debe garantizar inclusión social, donde las personas estén incluidas principalmente en la esfera económica, lo cual implica un ciudadano de otro tipo, es decir, ciudadanos instruidos y participativos; además de ciudades de desarrollo social integral con rostro humano.

En tanto, Miguel Ángel Juárez, licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), director de la revista Contextos,exconsejero electoral, escritor de varios librosymiembro fundador del periódico Reforma, señaló que esta obra literaria habla del derecho de todas las personas a vivir en ciudades seguras, limpias, ordenadas, con políticas de inclusión para los grupos vulnerables, que garanticen la educación a los niños y jóvenes, ciudades de oportunidades y de justicia para todos.

Por su parte, Edgar Irak VargasRamírez, regidor de Tultitlán, dijo que la propuesta de “El Derecho a la Ciudadanía” representa una oportunidad para la entidad y el municipio de Ecatepec, “creo que este documento da paso a la discusión de lo que debería ser una ciudad rebelde”, entendida como una ciudad que asume el derecho a decidir por sí misma; a decidir cómo, para qué y endónde gastar los recursos públicos,proteger a sus ciudadanos de la violencia y garantizar la alimentación y nutrición.

 

Pide el presidente del IEEM, a Contraloría Interna, investigar si existe nepotismo o no

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Toluca Méx. 25 de Febrero.- El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) solicitó a la contraloría general de ese organismo una investigación para determinar si existen irregularidades o no en la contratación de familiares de consejeros electorales, algunos de los cuales se encuentran directamente inscritos en la presidencia del organismo.

Entrevistado al término de la sesión del Consejo General del IEEM, Pedro Zamudio fue cuestionado sobre la petición que en el Congreso del Estado de México se hizo para demandar una investigación a fondo del caso de “nepotismo”, sobre la contratación de hermanos de consejeros electorales.

El presidente respondió que no ha recibido una solicitud formal de parte del Congreso y que sólo estaba enterado por lo que se publica en los medios de información. Reiteró que el está seguro de que no existen irregularidades, pero dada la creciente inquietud que existe sobre el tema en la opinión pública determinó por su lado solicitar una investigación a la Contraloría interna del IEEM para determinar si existe irregularidad en la contratación de las plazas.

Cuestionado sobre cuándo recibirá la respuesta de la Contraloría interna del IEEM, dijo que esa área tiene hasta 45 días para dar a conocer un informe. A petición expresa, se comprometió a hacer pública la respuesta que la contraloría interna le entregue.

“Testigos Sociales” ayudan a disminuir la corrupción: Jorge Olvera

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Toluca Méx. 23 de Febrero 2015.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, afirmó que “la figura de los Testigos Sociales permite disipar las incertidumbres que ensombrecen la relación entre los gobernantes y la ciudadanía, pues los articulan de forma tal que no queda resquicio alguno para la corrupción”.

Al asumir la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales de la entidad, acto en el que la presidenta saliente y comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Josefina Román Vergara, rindió su informe de labores.

Durante la primera sesión ordinaria de 2015, que se llevó a cabo en la Sala de Rectores de la UAEM, Olvera García destacó que el Comité de Testigos Sociales se consolida como una herramienta del Estado que permite mayor participación ciudadana en la exigencia de rendición de cuentas; de esta manera, dijo, el país se sitúa a la vanguardia de los estados más progresistas del mundo.

“De esta manera se involucra a la sociedad en los mecanismos de transparencia que tiene abiertos a los mexiquenses, porque así disponen de dispositivos para verificar el manejo de los recursos”, aseveró el rector de la UAEM, quien por tercera ocasión ocupa la presidencia del Comité.

Durante esta sesión, en la cual se tomó protesta como vocal del Comité a la directora de la Facultad de Derecho de la UAEM, Inocenta Peña Ortiz, Josefina Román Vergara informó que durante el reciente año se tomaron numerosos acuerdos relacionados con 19 solicitudes de ampliación de registro y cinco solicitudes de registro de testigos sociales de la entidad.

Abundó que de las 19 solicitudes de ampliación de registro, 13 fueron relativas a personas físicas y seis a personas jurídico colectivas; a través de ellas se registraron 42 representantes acreditados ante el Comité, asimismo se presentaron cinco solicitudes de registro: cuatro de personas físicas, de las cuales tres obtuvieron el registro respectivo; por otro lado se reportó una solicitud de persona jurídico colectivo, cuyo registro fue procedente.

Indicó que en la actualidad, el Comité de Registro de Testigos Sociales de la entidad posee un padrón de 23 testigos sociales, de los cuales 16 son personas físicas y siete personas jurídicas colectivas; estas últimas, con un total de 31 representantes acreditados, los cuales sumados a las 16 personas físicas, da un total de 47 personas con perfiles en contratación de obra, servicios y adquisición de bienes.

Concluyó que la figura del testigo social es un mecanismo de participación ciudadana activa de gran importancia y trascendencia para minimizar riesgos de opacidad y corrupción en procedimientos de contratación pública relevantes; el testigo social, como observador crítico de la sociedad civil en las contrataciones que realiza la administración pública, dijo, hace constar su legalidad y trascendencia.

 

Pendientes de solventarse cerca de 45 mil millones De gasto público Federal ejercido durante el año 2013

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Méx. DF 18 de Febrero 2015.- Toda una noticia resultó el informe del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, que  entregó a diputados en torno a la Cuenta Pública 2013, en el que se propone modificar el marco legal para un mejor desempeño del gasto público, y refiere mil 413 auditorías con la emisión de 10 mil 861 acciones de las cuales se desprendieron inconsistencias hasta por un monto de 50 mil 721 millones de pesos.

Portal Martínez puntualizó que en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF recuperó 5 mil 804 millones de pesos.

Recordó que en años anteriores se ha logrado recobrar un promedio de 22 por ciento del total de las recuperaciones determinadas, que en este caso equivaldrían a 12 mil 435 millones de pesos.

Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Portal Martínez anunció un nuevo formato en el Informe de la Cuenta Pública 2013, con el propósito de que sea “de mayor utilidad y aplicabilidad práctica” para los legisladores y ciudadanos, y se comprenda claramente la gestión de los recursos públicos por parte de los distintos ámbitos gubernamentales, además de reflejar la fiscalización.

Destacó que el nuevo esquema incluye una sección con propuestas puntuales de 65 reformas a distintos ordenamientos legales, a fin de “coadyuvar a una mejor gestión de los entes auditados y alcanzar un nivel superior de transparencia y rendición de cuentas, que permitan un mejor desempeño del ejercicio gubernamental”.

Estas sugerencias tienen como objetivo colaborar con el Congreso para generar una agenda legislativa más amplia, subrayó el titular de la ASF.

Propuso que en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción se retome “la necesidad de adelantar la fecha de la presentación de la Cuenta Pública, así como entregar, mediante informes individuales, los resultados de las auditorías conforme se vayan concluyendo, y no como actualmente ocurre, con una única presentación y una cantidad abrumadora de información catorce meses después del término del año fiscal que se revisa”.

El titular de la ASF explicó que el hilo conductor del nuevo formato en la revisión de la Cuenta Pública, “es la identificación de áreas de riesgo, que entrañen la posibilidad de una gestión irregular de los recursos públicos, y el uso de un nivel excesivo de discrecionalidad del funcionario ante la existencia de zonas grises en la normativa aplicable”.

Asimismo, fallas en cuanto a los resultados de programas debido a problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental o la ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control en los procesos que los entes auditados llevan a cabo.

LAS AUDITORIAS

Informó que del total de las mil 413 auditorías, 877 son de cumplimiento financiero; 525 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios.

Derivado de la fiscalización practicada, detalló, se emitieron 10 mil 861 acciones de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones; 783 se refieren a solicitudes de aclaración; 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.

Sostuvo que las denuncias de hechos relativas a ese ejercicio se presentarán, conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuando se tengan los elementos para tal efecto y como lo ha hecho la ASF en años anteriores.

Aseguró que este proceso es permanente y la información se hará pública a través del Sistema Público de Consulta de Auditorías y la página web de la ASF.

De las auditorías practicadas, precisó que se establecen tres tipos de riesgos: los estratégicos, los vinculados a la rendición de cuentas y transparencia, y los de operación.

Además, de 13 áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público, entre las que encuentran la integridad gubernamental; cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; rendición de cuentas en las entidades federativas; padrón de beneficiarios de los programas sociales.

También, la revelación de pasivos y gasto; adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de Tecnologías de Información en el ejercicio gubernamental; programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados, y servicios suministrados por particulares.

Portal Martínez resaltó la necesidad de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, concebido a partir de distintos mecanismos de coordinación, intercambio de información y ejecución de acciones conjuntas entre las instituciones fiscalizadoras y los órganos internos de control de los entes auditados en todo el país.

En este sentido, hizo votos por que los vínculos de la ASF con la Secretaría de la Función Pública se reafirmen en la nueva etapa de su programa preventivo de labores.

Subrayó que se requiere que este sistema “trascienda la acción de ser un mero marco teórico o normativo y se convierta en un elemento constitutivo de la programación y planeación de auditorías, así como de la atención conjunta de distintas instituciones a un problema específico”.

Apuntó que el Sistema Nacional de Fiscalización, en construcción y operación parcial desde hace cinco años, debe ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como un subsistema cuyos insumos resultan de un gran valor para la contención y la disuasión de actos irregulares. Este aporte simplemente no puede ser omitido en el diseño de una estrategia de mayor alcance.

 

Intervención de los diutados

Al participar, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), convocó a hacer un marco legal y una política que transforme los paradigmas éticos y morales de los funcionarios públicos, para evitar conductas de corrupción en el manejo del gasto público, ya que “cada vez más tenemos opacidad, corrupción e impunidad”, precisó.

Lo principal debe ser la prevención, apuntó, sin dejar de lado los aspectos punitivos, porque “si nos dedicamos sólo a lo punitivo la sociedad quedaría sin futuro” ¿Por qué buscar el castigo cuando se pudo prevenir?, señaló.

Refirió que entre el 60 y 75 por ciento de los resultados de las auditorías al gasto público es negativo o con salvedad, lo cual significa que no se ha hecho un uso correcto ni se han logrado los resultados esperados.

Dijo que se han construido de manera deliberada relaciones sociales pervertidas entre los entes del gobierno y la sociedad. “Hemos puesto en el centro de las relaciones sociales al dinero”, apuntó.

Refirió la importancia de que se administren de forma transparente los recursos públicos para elevar el nivel de vida de los ciudadanos, lo cual, dijo, no se ha logrado pese a que el presupuesto ejercido durante los últimos 15 años ha sido de alrededor de 37 billones de pesos. Preguntó en dónde están y qué ha sido de ellos.

Hoy, casi el 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Además, existe una dependencia alimentaria, grandes niveles de inseguridad, enormes deficiencias en los sistemas educativo y de salud, y falta de empleos para garantizar una vida digna.

Sostuvo que de no resolverse la falta de crecimiento y la generación de empleos, así como los grandes problemas de inseguridad, corrupción e impunidad, eso “significa hacer un futuro incierto del país”.

El diputado Kamel Athie Flores (PRI), secretario de la comisión, afirmó que México precisa del camino de la institucionalidad y la rendición de cuentas para combatir la corrupción, sin dar cabida a rumores ni falsas acusaciones. “Se requieren pruebas documentales que sólo la Auditoría puede aportar. Tampoco es ético utilizar los órganos del Estado para persecuciones políticas”.

Al fijar su postura sobre el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, se pronunció por reforzar el Sistema de Control y Vigilancia de los Recursos Públicos para combatir la corrupción e inhibir la desviación de partidas presupuestales, “mal que se ha extendido en las diversas esferas de gobierno en detrimento del patrimonio nacional”.

Propuso consolidar la fiscalización superior y la rendición de cuentas con un sistema nacional de investigación fuerte, “para resistir los embates de los poderes políticos y económicos que se oponen al cumplimiento de la ley, para proteger sus intereses económicos o de grupo”.

Enseguida, el diputado Julio César Lorenzini Rangel (PAN), también secretario de la Comisión, dijo que la persistencia de la corrupción en el sector público es un elemento recurrente que demanda la atención de los legisladores, “y el compromiso para combatir estos actos que laceran a todos los mexicanos, no es menor”.

Expresó que su partido impulsa reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que tendrá resultados concretos. Planteó fortalecer a la ASF para que haga evaluaciones trimestrales y dotarla de facultades de atracción y revisión para investigar irregularidades en el manejo de recursos.

Dijo que la comisión revisará, con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), las mil 402 auditorías del Informe. “Debemos analizar la información y convertirla en acciones legislativas concretas que coadyuven a la construcción de una Administración Pública al servicio de los mexicanos”.

Por el PRD, la diputada Alfa Eliana González Magallanes afirmó que el ejercicio anual de auditoría de la Cuenta Pública de la ASF, si bien es una tarea necesaria, no tiene la eficacia que demanda la sociedad, pues los niveles de corrupción e ineficiencia de la presente administración no se han frenado eficazmente a partir de nuestro órgano superior de fiscalización.

La también secretaria de esta comisión expresó que “el número de funcionarios de alto nivel castigados ejemplarmente por malas prácticas en su desempeño ha sido casi nulo, por decir lo menos. La Auditoría Superior se está quedando muy por debajo de las expectativas de los mexicanos. No es sólo un asunto de comunicación, sino de claridad, efectividad y eficiencia de los resultados de las auditorías”, enfatizó.

Subrayó que restan pocas semanas para que la Legislatura incida en un cambio y haga que la fiscalización sea efectiva y no quede en un proceso trunco. La eficacia del sistema anticorrupción, afirmó, debe medirse por su calidad y cobertura, procurar la aplicación de sanciones severas y disuadir conductas indeseables. “En México es muy barato en términos de costo-beneficio ser corrupto e ineficiente”.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM), secretario de la Comisión de Vigilancia, señaló que México tiene muchas necesidades, su presupuesto cada vez es menor por cuestiones internacionales y debe utilizar sus recursos con eficiencia, transparencia y eficacia, para lo cual se requiere una rendición de cuentas verídica y confiable.

Dijo que las reformas que se presentarán en las siguientes semanas transformarán a México con instituciones sólidas y fuertes que permitirán a entes de fiscalización escudriñar el manejo de recursos para evitar opacidad y corrupción, “y que independientemente del partido o del nivel de gobierno, sean estos órganos los adecuados para tener facultades para llegar al fondo de las consecuencias”.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA), secretaria de la comisión, afirmó que el contexto político, económico y social en que se llevará a cabo esta revisión es complejo, pues la desconfianza en las autoridades e instituciones deriva de la falta de resultados de políticas públicas. Planteó realizar un análisis exhaustivo de programas federales, proyectos de inversión y desempeño de dependencias, así como mejorar el diseño y distribución de futuras asignaciones presupuestales.

Reconoció que aun cuando se ha avanzado en transparencia, rendición de cuentas, evaluación y fiscalización de recursos públicos, las cifras dejan mucho qué desear, pues si cada año “en cada revisión encontramos prácticas irregulares, opacas o ilegales, los esfuerzos realizados mediante la asignación de recursos seguirán siendo insuficientes”.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) estimó que a pesar de los avances queda mucho por hacer, pues el mal uso de los recursos, por parte de funcionarios emanados de todos los partidos, ha ido en aumento, y aun cuando la ASF ha realizado auditorías que han arrojado cuantiosos quebrantos patrimoniales y financieros, no hay servidores públicos sujetos a proceso ni consignados ante las autoridades para que respondan por el daño causado al erario público, “lo que ha generado desconfianza por parte de la ciudadanía”

Por ello, se pronunció por homologar el proceso de fiscalización a nivel nacional, en beneficio de todos los ciudadanos que tienen total desconfianza a las instituciones del país